Batalla legal entre la Xunta y Competencia por las concesiones del transporte

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El organismo regulador lleva al Supremo la norma gallega que prorroga las licencias por su “impacto anticompetitivo”, tras perder un recurso en el Tribunal Superior de Xustiza

Autobús en A Coruña | EFE

18 de marzo de 2014 (20:26 CET)

En pocas ocasiones un organismo regulador y una administración, en este caso, autonómica, dirimen sus diferencias en los tribunales. Sucede en Galicia. Y pasa con la Xunta y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, antigua Comisión Nacional de la Competencia. ¿El motivo? El mecanismo de prórroga de las concesiones del transporte por carretera en Galicia, por su “impacto anticompetitivo”, que ha llevado al organismo regulador a presentar incluso recursos contencioso-administrativos contra la norma. Ahora, el Tribunal Supremo tiene la palabra. El foco del conflicto, un total de 44 concesiones, entre ellas las que unen las principales ciudades gallegas con sus áreas metropolitanas, que se han prorrogado más allá del año 2023.

Competencia está convencida que la Xunta amplió las concesiones del transporte saltándose la normativa europea. Y ha pasado de denunciarlo en sus informes a ir más allá, aunque lo ha hecho discretamente. Primero, la impugnación de la normativa autonómica, que ha llegado a sus últimas consecuencias en Galicia y Valencia. Los casos de impugnación de dichas normas se fundamentaron en los informes de 2008 y 2010, que ponían de manifiesto “el intenso impacto anticompetitivo de las prórrogas de las concesiones de autocares de titularidad autonómica”.

Solicitudes, impugnaciones, denuncias

En dichos informes, se solicitó que no se llevasen a cabo ulteriores prórrogas de estas concesiones, especialmente tras la entrada en vigor del Reglamento Comunitario 1370/2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. Aun así, Valencia y Galicia procedieron a articular mecanismos de prórroga de los servicios mencionados, relata la memoria de la comisión.

Estas actuaciones administrativas motivaron su impugnación por parte de la antigua CNC, “tras los correspondientes requerimientos previos, que fueron desatendidos por las respectivas administraciones”. Dichas impugnaciones tuvieron en consideración que “el cierre que se produce a la competencia es total, habida cuenta de que el mecanismo típico es la competencia por el mercado a la extinción de la concesión, competencia que desaparece si no se licita públicamente y, en cambio, se prorroga como monopolio de titularidad pública”.

Al Supremo


En concreto, la demanda contra el mecanismo de prórroga de las concesiones de Galicia fue desestimada en vía contencioso-administrativa, por entender el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que lo que la CNC estaba recurriendo era una norma con rango de ley. Sucedió en mayor de 2012. Tras ese fallo, la Comisión de la Competencia no se dio por vencida y presentó un recurso en casación contra la sentencia, que todavía está pendiente de fallo por parte del Tribunal Supremo, según confirman fuentes del organismo regulador.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de dicha comunidad estimó la demanda interpuesta por la CNC contra la prórroga de las concesiones. Los motivos recogidos en la sentencia fueron, esencialmente, que contraviene la regulación establecida por el Derecho Comunitario Europeo, tanto la relativa a la regulación de los transportes terrestres por carretera como los principios de la contratación pública.

La Xunta aplicó prórrogas a las concesiones de transporte por carretera en dos ocasiones. La primera en 2008, con el Gobierno del bipartito. Después de las elecciones, con el PP en la Xunta, el Parlamento aprobó una ley con carácter de urgencia para prorrogar las actuales 143 autorizaciones en vigor. En la mayoría de los casos, la misma empresa continuará prestando el servicio más allá del año 2020 y muchas rozan el 2030.
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