Baltar salva los muebles: la Fiscalía archiva la denuncia por acoso sexual

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No ve indicios de delito en los mensajes de móvil y las grabaciones aportadas por la denunciante, que acusó al presidente de la Deputación de ofrecerle un trabajo a cambio de sexo

El portavoz del PSOE, Ignacio Gómez, discute en el transcurso de un pleno con José Manuel Baltar

en Ourense, 02 de diciembre de 2015 (12:42 CET)

Manuel Baltar respira. La Fiscalía de Ourense ha decidido archivar las diligencias de investigación penal por la denuncia de una mujer, que acusó al presidente de la diputación ourensana de ofrecerle trabajo a cambio de favores sexuales. El fiscal no ve indicios de delito en la documentación aportada, mensajes de móvil y grabaciones. Es una gran noticia para el presidente del PP ourensano, que no había sido capaz de explicar –o no había querido-- las conversaciones grabadas que salieron a la luz pública y que está viviendo una enorme presión por parte de los partidos de la oposición.

Se jugó todo a una carta y le puede salir bien. El escaso recorrido judicial de la demanda era una de las condiciones que imponía el partido para no pedirle responsabilidades, que pasarían incluso por abandonar la presidencia del PP en Ourense. La Fiscalía, "tomando como base la declaración de la denunciante, las grabaciones aportadas por la misma y diversos mensajes que recibió en sus números telefónicos", concluye que no existen pruebas o indicios medianamente claros de delito.

Argumentación

Respecto a la posible existencia de conductas contra la libertad sexual, señala que la denunciante es mayor de edad y con plena capacidad, y que según sus propias declaraciones no medió uso de fuerza o intimidación.

Los supuestos hechos denunciados se habrían producido dos años antes de que Baltar Blanco fuera nombrado presidente de la Diputación, por lo que la Fiscalía descarta también la posibilidad de cohecho y abuso en el ejercicio de la función pública.

Queda todavía una segunda denuncia por resolver, esta vez presentada en el juzgado, por posibles delitos de prevaricación, acoso sexual y violencia de género contra el presidente de la Deputación.

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