Baltar recurrirá al Supremo para salvar el ERE en la Diputación de Ourense

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El TSXG considera que los despidos en el órgano provincial “no se ajustan a derecho”

Manuel Baltar junto a su padre, José Luis Baltar

04 de mayo de 2013 (18:28 CET)

La Diputación de Ourense interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para salvar el Expediente de Regulación de Empleo con el que pretende aliviar las arcas de la institución provincial despidiendo a 25 trabajadores indefinidos no fijos.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideró que el Expediente de Despido Colectivo no se ajustaba a derecho. En su sentencia, especifica que "no se acreditó una insuficiencia presupuestaria en los términos exigidos por el reglamento" y que la extinción de los contratos solo sería procedente “si el desajuste de la plantilla fuese el desencadenante de la situación económica negativa, pero no lo es".

El alto tribunal alude a la posibilidad de recortar gasto en otras partidas, como la asignada a fútbol y baloncesto “para evitar los despidos”. También pone de manifiesto que, en paralelo a la tramitación del ERE, el primero en una administración pública gallega, se nombraron dos asesores de confianza que suponen un gasto anual de unos 120.000 euros.

Recurso


El organismo que preside Manuel Baltar Blanco entiende que el análisis del TSXG es "erróneo" al alegar que el recorte de gastos hubiera paliado en parte los despidos. "Si se hubiese reducido menos el gasto, los despidos sí habrían sido declarados procedentes", ha replicado a través de un comunicado.

La Diputación defiende que hay razones económicas suficientes para los despidos, por lo que los servicios jurídicos están elaborando un recurso para presentar ante el Tribunal Supremo, con el objetivo de que se "atiendan todos los argumentos que justificaron" el proceso de reducción de empleo.

El escenario actual

El TSXG estimó solo parcialmente la demanda presentada por CC.OO. y el comité de empresa contra el ERE. En el análisis de los motivos alegados, el tribunal juzgó que el expediente no puede calificarse de fraudulento, ya que los trabajadores seleccionados "lo fueron con criterios razonables y suficientemente justificados y negociados durante el período de consultas, lo que permitió reducir los 32 inicialmente previstos a 25", explica el fallo.

La Diputación ha explicado que la sentencia "no anula los despidos" sino que "los declara improcedentes". De este modo, sostiene, corresponde al órgano provincial "readmitir a los trabajadores o confirmar su despido", caso en el que las indemnizaciones pasarían a ser de 45 días por año trabajado.
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