Aurea Soto, absuelta del delito de prevaricación que le costó el puesto en el Concello de Ourense 

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La ex edil de urbanismo durante el gobierno del Partido Socialista dimitió tras la apertura de la vista oral

Aurea Soto, durante el juicio

en Ourense, 07 de enero de 2016 (15:05 CET)

La socialista Áurea Soto ha sido absuelta de un delito de prevaricación urbanística en relación con la concesión de licencia a los edificios de la Plaza de San Antonio y el aparcamiento subterráneo, que tramitó durante su etapa como edil de urbanismo en el Concello de Ourense. Fue una de las últimas bajas en el gobierno socialista, que estuvo salpicado por la Operación Pokemon y que acabó cediendo la alcaldía en las últimas municipales al Partido Popular, que gobierna sin mayoría absoluta.

Soto dimitió tras la apertura de la vista oral. El juzgado de lo Penal número 2 sentencia ahora que no ve delito en las actuaciones de la ex edil. El juicio se celebró a mediados del pasado mes de noviembre y, en su declaración, Soto negó haber incurrido en prevaricación y llegó a denunciar que el objetivo de la vista era forzar su salida de la política local. La primera denunica la interpuso Democracia Ourensana, partido que lidera la oposición y que fue el gran beneficiado de la pérdida de votos de socialistas y populares en Ourense.

El caso

La citada plaza estaba ocupada por un asilo de ancianos regentado por una congregación religiosa, pero el gobierno liderado por Manuel Cabezas (PP) autorizó en 1998 la construcción de viviendas y de un aparcamiento subterráneo para su explotación privada.

Sobre estas obras llegó a haber una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2004, pero el nuevo gobierno que entró en 2007, con Francisco Rodríguez (PSOE) a la cabeza, decidió dar licencias de obra y ocupación a las casas, locales y garajes y pedir al alto tribunal gallego la inejecución de su fallo, algo que logró.

Áurea Soto siempre llamó la atención sobre que el derribo de las viviendas de cerca de un centenar de familias supondría un pago de indemnizaciones por parte de la administración local que rondaría los 40 millones de euros.
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