Asociaciones contra el sida al borde de la parálisis

A las asociaciones gallegas que trabajan con personas afectadas por el VIH no les queda otra que reducir gastos si no quieren cerrar definitivamente sus puertas. Los recortes en las partidas procedentes de la Xunta y de la Administración local amenazan su continuidad.

El caso más grave es el del Comité Antisida Lazos de Ferrol, que ya anunció su cierre el próximo septiembre si el Gobierno municipal no lo remedia con una nueva inyección de dinero. El presupuesto de la entidad cayó un 40% en el último año y la reducción en la subvención de la administración local fue del 70%.

No es un caso aislado. El presupuesto del Comité Ciudadano Antisida de Coruña (Casco) ha pasado de los 40.000 euros en 2009 a los 12.000 presupuestados para este 2012, toda una radiografía de la crisis.

“Por ahora lo que haremos es reducir las horas que mantenemos el punto de calor abierto porque no podemos pagar a dos trabajadores para seguir con el horario continuado. Si los recortes continúan, tendremos que plantearnos cerrar”, explica la coordinadora de Casco, Sonia Valbuena.

Los puntos de calor atienden a cientos de usuarios en Galicia. La mayoría de estos centros tienen más de una década de historia y han sumado a los programas de prevención de infecciones talleres y servicios como la prueba rápida del VIH.

Ahora están condenados a reducir su actividad para sacar adelante las cuentas.

Problema de salud pública

Disminuir la atención a los usuarios de los puntos de calor “puede generar un problema de salud pública”. Es la conclusión que extrae Sonia Valbuena de su experiencia en Casco. “Ofrecemos privacidad y anonimato a los usuarios, muchos de ellos consumidores activos, y aplicamos un programa de prevención de riesgos. Si no están en el centro estarán en la calle sin acceso a ese programa”, concluye.

“A esto hay que añadir la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que agrava el problema –añade Valbuena–. No me refiero especialmente a un aumento en los casos de infecciones por VIH, pero sí a otros brotes, como la tuberculosis”.

Pisos de acogida

Junto al de Coruña, el Comité Cidadán de Ourense es uno de los más activos de Galicia. Ambos mantienen un piso de acogida para enfermos, un centro de día, servicios de inserción laboral y un programa en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, en Ourense, y de Teixeiro, en A Coruña.

La cuantía de las subvenciones recibidas por la entidad ourensana descendió un 65% en los últimos tres años. En el camino se han quedado cuatro de los diez trabajadores que tenía el Comité.

“Y no es extraño –indica Sonia Valbuena– que los trabajadores hagan horas extras como voluntarios. Lo que nos queda es potenciar las consultas por teléfono móvil o por internet para mantener la atención, aunque sea fuera de nuestro horario de trabajo”.

A principios de año el Comité Antisida de Ourense estuvo cerca de perder la casa de acogida en la que atiende a 8 enfermos procedentes de centros penitenciarios o de unidades de asistencia a drogodependientes al no poder hacer frente a los pagos que le exigía el Obispado ourensano, propietario del inmueble.

El asunto se resolvió para bien y los usuarios pudieron continuar en el piso a cambio de pagar los gastos generales y los impuestos. La iglesia accedió a seguir cediéndoles gratuitamente el espacio y retirar la reclamación judicial que pendía sobre la institución.

De momento, las cuantías de las subvenciones para este servicio, al igual que para el piso de acogida de Casco, se mantienen, aunque las cuentas no son muy holgadas. De hecho, dependen de fondos de alimentos proporcionados por asociaciones, por la Unión Europea o por el Ministerio de Agricultura.

Servicio económico

Uno de los argumentos que esgrimen los responsables de los centros es que ofrecen un servicio económico. “las actividades que hace la entidad tendrían que ser asumidas por las administraciones públicas pero serían más caras», considera el responsable del Comité Lazos de Ferrol, Carlos Varela.

La carga de trabajo para los profesionales de su centro ha pasado de un trabajador para 12 usuarios a un trabajador para 35. Es la consecuencia de los dos empleos que ha eliminado la entidad al no poder hacer frente al pago de las nóminas.

Su futuro pasa por recibir una nueva partida económica para mantener la actividad. De no ser así, solo quedará el cierre. Se sumaría así a la desaparición de otros centros en los últimos años, como los de Vigo y Santiago.

Para Carlos Varela, esta situación «hay que entenderla como una falta de voluntad política porque ya se ha informado por activa y pasiva del incremento de demanda y la reducción de recursos y no se ha convocado ninguna reunión, entonces o es un desconocimiento de la realidad de la ciudad o una falta de voluntad política»