Artur Mas da un mitin a los jueces y se esconde tras los voluntarios

Artur Mas se declara responsable «político» de la consulta independentista del 9N. A una pregunta del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, sobre si también era el responsable de la obertura de los colegios electorales, Mas reiteró que «soy el responsable de todo y, si es de todo, también de esto».  

No obstante, pese a declararse máximo responsable político de la consulta que prohibió el Tribunal Constitucional, Mas se parapetó detrás del parlamento catalán, que aprobó aquella convocatoria, y de los voluntarios, que supuestamente fueron los que la llevaron a cabo. Aquí está la contradicción.

Por una parte, Mas se declaró responsable –que no culpable, por entender que no ha cometido ningún delito–, pero, por otra parte, se escuda diciendo que los organizadores de la consulta prohibida son 42.000 voluntarios. El TSJC ha iniciado este lunes el juicio contra Mas y dos de sus consejeras, Irene Rigau y Joana Ortega, por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

La fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Mas por los presuntos delitos de desobediencia al Constitucional y prevaricación. Para Ortega y Rigau solita un año menos por considerarlas colaboradoras.

La defensa

Tal como hizo durante la instrucción de este caso, los tres acusados se negaron a contestar las preguntas de la fiscalía y de las acusaciones. Tan sólo respondieron ante sus abogados defensores y el presidente del tribunal. A partir de la declaración de Mas queda clara su estrategia: asume «toda» la responsabilidad política de colocar las urnas, pero, por otra parte, su abogado, Javier Melero, batalla para desactivar las acusaciones por cuestiones técnicas y formales.

Mas se ha dado un baño de masas. Ha llegado con más de media hora de retraso al Palacio de Justicia. Incluso se ha permitido subir a una plataforma para saludar a los miles de seguidores. Mientras, los jueces le estaban esperando. Ante el tribunal, Mas hilvanó un discurso político, un mitin, una defensa de sus decisiones. Mientras su abogado apuntaba a cuestiones técnicas. En última instancia, no serán las cuestiones políticas, sino las formas jurídicas, las que decidirán su suerte.

El abogado Melero argumenta que no se puede atribuir un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional porque este órgano no insistió lo suficiente. Basándose en la jurisprudencia, Melero dejó entrever que, para considerarse delictiva la actuación de sus clientes, el TC tenía que advertirlos de forma reiterada. En su opinión, no lo hizo. Para defender este criterio técnico, Mas se excusó con que «El Constitucional en ningún momento hizo nada para hacer cumplir la resolución». Además, también apuntó que la fiscalía no actuó antes del 9N.

Según el relato de Mas, su gobierno renunció a organizar una consulta después de la primera prohibición del TC. Entonces, decidieron «cambiar el formato»: ya no era la Generalitat quién la organizaba, sino los voluntarios. Mas indicó que el 14 de octubre de 2014 se optó por un «proceso participativo», conducido por voluntarios, y que el recurso en contra no se presentó hasta el 31 de octubre, dos semanas más tarde.

Ortega y Rigau repiten la misma versión

El TS notificó la prohibición mediante un correo electrónico dirigido a Mas el 4 de noviembre y, dos días después, mediante un correo ordinario, tan sólo tres días antes de la consulta. El gobierno catalán se dirigió al TC para solicitar que precisaran que aspectos del «proceso participativo» habían suspendido. No recibieron respuesta. Por este motivo, tanto Mas como su abogado entienden que no se les puede atribuir un delito de desobediencia al Constitucional porque no se les advirtió de manera reiterada. Este es el principal argumento de la defensa.

En todo caso, será el tribunal quién lo decidirá. Tanto Ortega, como exvicepresidenta de la Generalitat, como Rigau, consejera de educación, reiteraron los argumentos de Mas: la organización corrió a cargo de voluntarios, aunque en gran parte fueran funcionarios de su gobierno. Rigau está acusada porque, como titular de educación, permitió que los centros escolares se convirtieran en colegios electorales.