Ana Pastor: «Eliminar los peajes de la AP-9 costaría más de 3.000 millones»
La ministra reconoce que las 'trabas jurídicas' son lo único que le impide en este momento transferir la titularidad del vial a Galicia
A pesar de las peticiones unánimes del Parlamento gallego para transferir la AP-9 a Galicia, han sido varios los gobiernos que en los últimos años han rechazado una demanda histórica de la comunidad; el último, el de Mariano Rajoy.
Su ministra de Fomento –ahora en funciones–, Ana Pastor, ha explicado este jueves en una entrevista en el programa Area Pública de TVG que no se trata de un problema de índole política. «Mi voluntad y la del presidente Rajoy es la de transferir todo aquello que se pueda mejorar su gestión cuando es próxima a los ciudadanos», apuntó, aunque en el caso de la AP-9 «sigue habiendo informes jurídicos» que lo desaconsejan.
En este sentido, recordó que se trata de una vía de alta capacidad que vertebra puertos y aeropuertos de una comunidad, pero que a su vez une esta comunidad con el resto de España y con infraestructuras que dan «servicio universal». En cualquier caso, afirmó ser partidaria de la transferencia y aseguró que dará «todas las facilidades» para que así sea. Luego matizó: «si no hay trabas jurídicas, encantada».
Gratuidad de peajes
No obstante, Pastor quiso aclarar que la transferencia de la autopista a la Xunta y la supresión de los peajes tienen una serie de inconvenientes. El primero, que la concesionaria tiene contrato hasta el año 2047, y el segundo, que eximir de pago a los usuarios «costaría más de 3.000 millones».
En este sentido, la ministra quiso destacar que, «por primera vez en la historia», el Gobierno del que ella forma parte ha conseguido que la vuelta en el trayecto entre Pontevedra y Vigo sea gratuita, un hito que cifró en 10 millones de euros y del que se siente especialmente orgullosa.
En esta línea, mencionó también la mejora del servicio, los expedientes que se abrieron cuando hubo incidencias y los proyectos para mejorar los accesos a las principales ciudades (puente de Rande, ampliación en Santiago, acceso a la Ciudad de la Cultura, reforma de Alfonso Molina, etc.), e insistió en que «el problema de la gratuidad es que con los impuestos de todos tendríamos que pagar los tres mil millones», aunque no cerró la puera a esta posibilidad. «También se puede valorar», apuntó.
