AGE lleva al Parlamento la nueva macro exploración minera en A Coruña

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Pide a la Xunta la información sobre el proyecto y recuerda que el empresario promotor fue acusado por daños ambientales en el Parque del Sureste de Madrid

Área de investigación 'Isabella II'

en A Coruña, 04 de febrero de 2016 (10:49 CET)

Alternativa Galega de Esquerda ha llevado a la mesa del Parlamento una pregunta sobre el proyecto de investigación minera en la comarca de Bergantiños que encabeza la empresa Grupo M-FM 2001, poseedora de permisos de investigación para oro y afines en más de 4.000 hectáreas de terreno repartido entre Zas, Vimianzo, Santa Comba y Coristanco, un total de 126 cuadrículas mineras, superficie cinco veces superior a la de la polémica mina de Corcoesto.

El tamaño incluso podría duplicarse, ya que la empresa ha solicitado permisos en otros municipios que se encuentran en tramitación. Se conocen como Livia y afectan a 162 cuadrículas en los concellos de Zas, Santa Comba y Mazaricos.

Problemas legales

En su escrito, AGE recuerda que la firma M-FM 2001 tiene como administrador único a Antonio Miranda Rojas, "vinculado a constructoras, inmobiliarias y empresas extractivas y que fue dueño de Tivo SA, firma acusada por la Fiscalía por daños ambientales en el Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid".

Tras esta exposición, solicita a la Xunta la información que tenga del proyecto a través de la pregunta parlamentaria (consulte aquí el documento completo).

Guerra judicial

Como recuerda la plataforma Salvemos Cabana, el caso citado por AGE en su petición se basa en que la compañía Tico S.A. extrajo áridos de manera ilegal en el municipio madrileño de San Martín de la Vega sin contar con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA).

Según el expediente judicial, el Jefe de Servicio de Evaluación ambiental, con fecha 18 de abril de 2006, declaró "que el terreno está localizado dentro del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama", en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que además es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), consideradas áreas especiales según la Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Comunidad de Madrid, dejando constancia el funcionario "de que no existe en los archivos de este servicio declaración de impacto ambiental favorable que ampare tal extracción de áridos".

El colectivo explica que "el informe pericial de las zonas afectadas, fijó una extensión de 7.000 y 22.000 metros cuadrados respectivamente, lo que derivó en una resolución de indemnización sancionadora de 829.460 euros, y una multa de 240.000 cuyo recurso por parte de la minera fue desestimado en sentencia firme el 24 de julio de 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

El PP se queda solo

A través de un comunicado, Salvemos Cabana hace hincapié también en que  la oposición a la megaminería del oro y sus efectos ha sido unánime en todos los grupos de la cámara a excepción del PP.

"Tanto AGE como PSdG y BNG han mostrado su rechazo al proyecto de la mina de oro de Corcoesto por los impactos ambientales y sociales que este hubiera podido acarrear, en una iniciativa que también comenzó con una etapa de exploración", recuerda Salvemos Cabana.
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