Acciona deberá indemnizar a la Generalitat al perder el contrato de ATLL

El Gobierno de Artur Mas puede obtener en la resolución del contrato de Aigües Ter Llobregat (ATLL) con Acciona una fuente de ingresos extraordinaria. La gestora de infraestructuras de los Entrecanales y sus socios —BTG Pactual y un grupo de minoritarios entre los que se encuentran las familias Rodés y Torreblanca– están obligados a abonar al Ejecutivo la diferencia entre la retribución de la deuda y el beneficio obtenido en los dos años en la que ha gestionado el servicio, indican fuentes jurídicas. 

Este concepto rebajaría la factura de 298,6 millones que la Generalitat está obligada a devolver a los gestores de ATLL, la única partida que realmente se ha facturado en la licitación. 

Precariedad contractual 

La inseguridad jurídica de la guerra del agua ha propiciado que Acciona no abonó ni los impuestos asociados al contrato ni el canon pactado en 2014 y 2015 para llegar al importe total de la concesión, que alcanza los 995,5 millones. El Gobierno catalán borró esta cantidad del déficit público a finales de 2012 pero pactó con el ganador del concurso el pago a plazos en los 50 años de vigencia del contrato. 

La precariedad contractual es también el motivo de que los Entrecanales y sus socios deban retornar las ganancias obtenidas en ATLL. 

El beneficio de la compañía ha sido «significativo» en los últimos dos años por ser «ejercicios atípicos en cuanto a la pluviometría», indican interlocutores cercanos a los Entrecanales. Además, los gestores han evitado realizar determinadas inversiones y han prolongado determinadas partidas de gastos. 

Resolución después de las elecciones catalanas

Mas se resiste a resolver la concesión. El presidente afirma públicamente que debe esperar una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre «el fondo» de la cuestión. Es decir, que corrobore que la oferta de Acciona no cumplía con el pliego de condiciones. El entorno del líder del Ejecutivo señala otra justificación para aferrarse al contrato vigente: la proximidad de las elecciones catalanas. 

CiU quiere que sea el próximo Gobierno de la Generalitat el que tome la decisión de echar a Acciona de las aguas catalanas por las consecuencias que implicará. Los Entrecanales ya han anunciado que iniciarán acciones legales, aunque no tienen derecho a ser indemnizados por lucro cesante, y la federación nacionalista choca con su socio, ERC, que defiende recuperar la titularidad pública de la gestora de aguas.

El presidente intenta ganar tiempo.