Absueltos los siete ediles de Santiago condenados por prevaricación

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La Audiencia Provincial entiende que la condena no se ajusta al caso de los concejales, ya que no está probado que actuaran con intención de prevaricar

Rueda de prensa de los ediles inhabilitados del PP de Santiago | EFE

desde A Coruña, 26 de marzo de 2015 (16:00 CET)

Un paisaje sin precedentes. Siete ediles de Santiago fueron condenados a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por acordar el pago de la defensa a otro edil, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokémon. Aquella condena forzó la salida de los siete miembros del gobierno compostelano y condenó a Feijóo a activar un plan de emergencia para mantener la gobernabilidad en la capital gallega, que acabó con Agustín Hernández como alcalde, el tercero de la legislatura.

El terremoto causado entonces acaba de dar un giro. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Santiago ha notificado este jueves la sentencia que absuelve a los siete ediles. La sala entiende que "no cabe apreciar que la decisión enjuiciada constituya la flagrante e inequívoca vulneración del ordenamiento jurídico, adoptada con conciencia del quebrantamiento del derecho en que se incurriría, que es precisa para su castigo como la infracción de prevaricación que se imputa, lo que determina la absolución de los acusados". Es decir, que no está probado que los ediles actuaran con intención de prevaricar, por lo que no pueden ser condenados por prevaricación. La resolución es firme, no hay posibilidad de recurso.

Una cuestión de intenciones

La Sala reconoce que el acuerdo por el que se aprobó pagar la defensa jurídica de un concejal imputado "no recoge textualmente el condicionamiento que contiene el informe jurídico".

Sin embargo, entiende que, "que ello sea fruto de una consciente elaboración prevaricadora de todos o alguno de los imputados para eludir tales condicionamientos es una hipótesis que no aparece más creíble y razonable --y por ello, no es apta para enervar la presunción de inocencia-- que la tesis alternativa".

Esta tesis alterniva es la que sostuvieron los ediles, que en su declaración apelaron a los informes que avalaban el acuerdo en el que decidieron costear la defensa de Adrián Varela y que lo consideraban legal.

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