A Coruña y Santiago entran en la guerra contra la «asfixia» fiscal de Montoro
Siete ayuntamientos, entre ellos los que dirigen Martiño Noriega y Xulio Ferreiro, exigen en una declaración conjunta la reforma de todo el sistema tributario de los municipios y una nueva ley de financiación
Las mareas tejen su red. La vocación por colaborar y crear sinergias entre las ciudades que están gobernadas por candidaturas ciudadanas se materializó este jueves en una declaración conjunta de siete ayuntamientos españoles contra las ataduras fiscales a las que están sometidas.
En Zaragoza se reunieron los responsables de Economía y Hacienda de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Badalona y de dos ciudades gallegas, Santiago de Compostela y A Coruña. Allí se firmó la llamada Declaración de Zaragoza, un documento que pone patas arriba la financiación y el sistema tributario al que están sometidos los ayuntamientos y que, a juicio de los firmantes, liquida la autonomía municipal.
Las políticas sociales, contra las cuerdas
El texto es contundente. Asegura que el sistema actual es «injusto, discriminatorio e insuficiente». «Los Ayuntamientos deben asegurar el bien común, pero están siendo condenados a perpetuar la falsa idea de que privatizar lo público y gestionar desde lo privado es mejor para la sostenibilidad económica», asevera.
Del mismo modo, las siete ciudades lamentan que la «Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hace un auténtico ejercicio de ilusionismo jurídico para hacer desaparecer a partir del 1 de enero de 2016 las competencias de carácter social que venían prestando los ayuntamientos (…) ni el superávit de la administración local garantizaría beneficios sociales a la población, sino que el mismo deberá estar destinado a seguir saciando a los tenedores de deuda».
Estar cerca del ciudadano
En definitiva, que el control del gasto público que propugna Montoro y el Gobierno de Mariano Rajoy apenas deja margen de maniobra para políticas sociales, ni aún aumentando la captación de recursos. Al mismo tiempo, son las administraciones que menos asegurada tienen su financiación: «Dependen, básicamente, de impuestos que no pueden vincularse a la riqueza real y que, por tanto, no son justos en su aplicación», asegura la declaración conjunta.
El crecimiento de las mareas o candidaturas ciudadanas estuvo ligado a un discurso de proximidad, en el que los políticos son ciudadanos, los ciudadanos participan en la política y las fuerzas de gobierno se construyen desde la plaza a la institución, y no desde la institución para gobernar la plaza. Esa es la teoría. Y por ello es tan importante para las mareas el papel del ayuntamiento, «las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que más competencias asumen», recuerdan en el documento.
¿Qué piden?
El texto culmina con una doble exigencia al Gobierno. «Una Ley de Financiación de los Ayuntamientos suficiente y sostenible, con criterios de progresividad y justicia social y sostenibilidad medioambiental». Así como «la modificación la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que las necesidades sociales no estén subordinadas a los planes económico-financieros de reequilibrio previstos en dicha ley».
