La entrada en la UE borró el 90% del empleo agrario en Galicia

Galicia necesita un medio rural del siglo XXI si no quiere ver como una buena parte de su territorio se convierte en un desierto demográfico como consecuencia de la falta de oportunidades. El daño en las últimas décadas ha sido considerable, sobre todo a raíz de la entrada de España en la Unión Europea. Desde entonces, la comunidad ha perdido el 90% de los trabajadores agrarios con los que contaba, al pasar de los 415.100 ocupados de 1985 a los 45.600 registrados en 2015.

Este declive económico ha acelerado el abandono del rural gallego en beneficio de los núcleos urbanos, fundamentalmente de los del Eje Atlántico. El limitado desarrollo de la industria agroalimentaria tampoco ha contribuido a detener la sangría. El resultado: a pesar de ocupar más del 75% del territorio, en el medio rural gallego no habita ni la cuarta parte de la población.

El rural gallego ocupa el 75% del territorio pero no alberga siquiera al 25% de la población

El Foro Económico de Galicia ha presentado este miércoles su estrategia para dar la vuelta a esta situación y situar al rural gallego en pleno siglo XXI. Su receta se basa en el refuerzo de la base económica de las zonas rurales (actividades agroalimentarias y forestales), la ordenación de los usos del suelo, el diseño de una nueva organización territorial que gire en torno a las cabeceras de comarca y nuevas fórmas de relación entre la población, además de primar el uso de la tierra sobre la propiedad.

Estructura territorial

El propio territorio está detrás de muchos de los males del rural gallego. De hecho, el Foro Económico considera “inviable” mantener 30.245 núcleos de población en Galicia. En su lugar, apuesta por asumir “sin dramatismo” que en el futuro la población rural tenderá a concentrarse en cabeceras comarcales y municipales, en torno a las que surgirán las iniciativas empresariales. Todo ello, “sin alterar los trazos de fondo de la estructura del hábitat”.

Edelmiro López y María do Mar Pérez, autores del documento, señalan que el proceso “no puede hacerse solo de forma voluntaria, porque llevaría a resultados desiguales”. Por tanto, abogan por definir primero el mapa que se quiere alcanzar y sobre él diseñar medidas de estímulo o coacción para avanzar en esa dirección. Este proceso de “comarcalización real” se articularía, por ejemplo, obligando a mancomunar servicios a cambio de acceso a la financiación pública, e implicaría la reforma de las funciones de los concellos. «Las diputaciones acabarían de perder todo su sentido y funcionalidad», argumentan.

Una estructura territorial en torno a las cabeceras de comarca dejaría sin sentido a las actuales diputaciones

La apuesta por un modelo centrado en las cabeceras de comarca, con una red de núcleos locales asociada, contribuiría, en su opinión, a consolidar mercados locales de cierto tamaño, lo que potenciaría el consumo de productos agrícolas, pero también de artesanía y otros recursos de las zonas rurales. Asimismo, posibilitaría economías de escala en los equipamientos sociales y servicios públicos, favoreciendo su universalización, y acercaría la administración al territorio con una estructura institucional más sólida.

Obviamente, no es un camino sencillo. Entre los principales obstáculos, destacan la resistencia de las administraciones existentes a este nuevo modelo, pero también al peligro de succión de población por ciudades de mayor tamaño (especialmente en la provincia de Ourense) o la carencia de una red de transporte que facilite la movilidad de la población hacia sus respectivas cabeceras.