Los funcionarios denuncian un ERE encubierto en la Administración autonómica

Los recientes ceses de personal interino en las diferentes consellerias del Gobierno Valenciano ha sido la gota que colma el vaso para que todos los funcionarios, fijos o no, expresen su rechazo ante lo que consideran un ERE encubierto.

Los servicios centrales y territoriales de la Administración funcionan con cerca de 12.000 personas, y más del 20% es personal interino, a pesar de los procesos de consolidación que se han llevado a cabo. La Intersindical Valenciana ha pedido a los responsables de la gestión de personal negociar la solución de estos problemas que aquejan a la Administración pero limitando las privatizaciones de servicios, acometiendo un plan de austeridad y una reducción de las externalizaciones de servicios.

También han denunciado que se está enviando al desempleo a personas que han demostrado capacidad para realizar las tareas encomendadas, el mismo año que la oferta pública de empleo ha sido de 60 puestos para la totalidad de los servicios centrales, cuando las jubilaciones de personal funcionario han sido mayor.

En la actualidad hay 1.000 plazas vacantes previstas en la relación de puestos de trabajo y dotadas presupuestariamente, que no se cubren ni se dotan de personal. Y tampoco se utilizan para recolocar al personal desplazado como consecuencia de la remodelación del consell, sino que se acude a puestos cubiertos por interinos para adscribir provisionalmente a determinado personal.

Para Adel Francés, de STAS-Intersindical Valenciana, y presidente de la Junta de los Servicios Centrales de la Generalitat, se trata de un ERE encubierto porque que los despidos se realizan sin que se hayan aprobado los reglamentos orgánicos, sin negociación, y sin modificar las relaciones de puestos de trabajo.

Los movimientos en la administración autonómica no se limitan a la base. Los altos cargos también notan loos cambios, aunque se producen recolocaciones de los afectados por los recortes.