La Diputación de Ourense abre la veda a los ERE en la administración gallega

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Los sindicatos temen que el despido de 32 empleados lleve a más expedientes en ayuntamientos o organismo dependientes de la Xunta

Manuel Baltar junto a su padre, José Luis Baltar

05 de diciembre de 2012 (21:35 CET)

La Diputación de Ourense se ha convertido en la primera institución pública gallega que se acoge a la posibilidad de recortar número de trabajadores, en base al decreto aprobado por el Gobierno el pasado octubre referido a los entes públicos. El presidente del organismo, Manuel Baltar, ha indicado que se procederá a la apertura de un expediente de despido colectivo (edc) de 32 trabajadores laborales indefinidos, y que este se hará efectivo a partir del 1 de febrero de 2013.

Además, en el plan presentado ante recursos humanos no se descartan otras medidas laborales “para la reorganización del ente”.

Decreto estatal

La noticia no ha sorprendido a muchos. La oposición (PSOE y BNG) lleva años denunciando las contrataciones “masivas”, realizadas supuestamente “a dedo” que realizaba la familia Baltar --primero el padre y luego el hijo-- al frente de la Diputación de Ourense. Sin embargo, más allá de esta causalidad, la noticia del inicio de un expediente de regulación ha sido un mazazo muy duro para los sindicatos de trabajadores públicos, que temen que con este anuncio se abra “la veda” para más despidos en las instituciones gallegas. De hecho, cuando el Gobierno aprobó el decreto que validaba los expedientes de regulación entre los trabajadores públicos, los sindicatos gallegos declararon que estos comenzarían pasadas las elecciones del 21 de octubre y lo harían en ayuntamientos y diputaciones. Por ahora, sus temores se han cumplido en parte.

“Sabíamos que tras las elecciones comenzarían los ERE, no dentro de la Xunta, pero si en los ayuntamientos u otros entes. Tememos que este hecho pueda abrir la veda a más convocatorias. Hay que recordar que con que un organismo tenga consignado solo un 5% de presupuesto que el año anterior ya puede aplicar una reducción de empleo”, explica Fernando García, de CIG- Administración.

“Contrataciones masivas”

Baltar Blanco aseguró en rueda de prensa, que los despidos de la Diputación de Ourense, donde actualmente trabajan 747 personas, tienen su origen en la reducción de fondos que el organismo percibe por parte del Estado y de la Xunta. Igualmente, defendió que durante todo el 2012 se han llevado a cabo numerosos ajustes para la contención del gasto, como una reducción de trabajadores del 21%, un 71% por ciento dentro del colectivo de trabajadores temporales, y un 77% en el de interinos.

A diferencia de los ERE, los EDC no necesitan autorización de la administración pública, por lo que la Diputación de Ourense solo tiene la obligación de notificar la apertura de negociaciones y entregar una memoria explicativa ante la Xunta. Bajo esta fórmula, los despidos conllevan indemnizaciones equivalentes a 20 días por año trabajado.

Tanto PSOE como BNG creen que los despidos en la Diputación no se deben a otra cosa que a la contratación “masiva” que se llevó a cabo durante años. Los socialistas denuncian que en los presupuestos consignados para 2013 tan solo 10 millones de euros se destinan a inversiones mientras que 43, el 65% de lo dispuesto, irán a parar a gastos corrientes de personal.

Los gastos del Inorde

La noticia del ERE en la Diputación de Ourense se ha conocido el mismo día en el que la junta rectora del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económco (Inorde) se ha reunido para dar a conocer los presupuestos de la entidad, que en su totalidad dependen de los de la Diputación Provincial. La inversión prevista, más allá de pagos a personal, es de 3.000 euros. Este hecho también ha valido para que la oposición saliese en tromba a atacar el organismo.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, explicó que el presupuesto total del Indorde para el 2013 es de un millón de euros, aunque el 75% deben dedicarse a pagar al personal y el resto a gastos corrientes. “Para pagar solo dedicaciones exclusivas, mejor que cierren”, indicó.

“El Inorde resulta ser un chiringuito que no vale para nada a los ourensanos, salvo para pagar 54.800 euros de salario anual bruto a su presidente, José Manuel Freire”, indicó.
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