Grecia avanza en las negociaciones con la 'troika'

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Los inspectores de la UE, el FMI y el BCE regresan a Atenas la próxima semana con el fin de asegurar el buen ritmo de las reformas

El PM griego Papandreu (d) y su ministro de Economía, Venizelos

21 de septiembre de 2011 (10:32 CET)

La "troika" formada por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo ha confirmado que volverá a la capital griega la próxima semana para revisar el plan de austeridad del país heleno tras mantener varias conferencias telefónicas con los inspectores.

El objetivo principal es que se concluya el informe de las reformas económicas que se están llevando a cabo en el país heleno. Grecia depende de una resolución favorable para que se puedan liberar los 8.000 millones del sexto tramo del rescate internacional que alejarían al país de la suspensión de pagos.

El Ministerio de Finanzas griego ha asegurado que durante las conversaciones se repasaron las cuentas públicas no sólo de 2011, sino también las previsiones para los próximos tres años, hasta el 2014, periodo en el cual el país recibirá asistencia económica internacional.

Reducción de deuda hasta el 7,6%

Grecia tiene previsto reducir su deuda pública a lo largo de este año hasta el 7,6%. Sin embargo, los representantes del FMI han afirmado que la deuda pública de Grecia alcanzará el 189,1% del Producto Interior Bruto ( PIB) en 2012, elevando sus proyecciones de deuda y déficit para el país, inmerso en una grave crisis financiera.

En cuanto al déficit griego, el FMI calcula que crecerá este año hasta llegar al 8% del PIB, frente al 7,3% previsto en junio. Para conseguir que el déficit se acerque al objetivo del Gobierno, el Fondo ha solicitado a Atenas que reduzca el sector público y acelere en la aplicación de las reformas y las privatizaciones para recaudar 50.000 millones hasta 2015.

Por su parte, el gobierno heleno se ha comprometido a seguir aplicando recortes y reducir entre el 15% y el 20% los sueldos de los funcionarios y las pensiones de forma que la más alta no supere los 1.700 o 2.000 euros al mes. Se espera que estas medidas conduzcan a una nueva ola de protestas por parte de los trabajadores y empleados públicos, que han visto reducida su capacidad adquisitiva en un 40% con los múltiples recortes y la inflación.
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