Aprovechemos para rebajar deuda

Las grandes empresas españolas están reduciendo deuda de manera importante. Especialmente las constructoras y las de servicios e infraestructuras. ACS, OHL, Abengoa, Isolux son un buen ejemplo.

Aunque pueden ir repagando el inmenso volumen que han acumulado en sus balances en la fase anterior de crecimiento, sus ratios de servicio de la deuda –de toda, no tan solo la que ellos consideran– respecto del ebitda generado recurrente, entran en niveles que al mercado ya no le gustan.

Entonces, cuando constatan que los mercados les piden un diferencial mayor, o algún informe lo pone de manifiesto, y les amenazan con bajarles el rating, entonces venden, de manera decidida, activos y acuden al mercado en busca de capital.

No les apetece perder tamaño, presencia en muchos mercados, incluso perder el control de sus empresas, pero la gestión profesional de éstas no quiere correr riesgos.

El Gobierno debería aprender de las empresas privadas y de las familias, que han reducido su endeudamiento un 12%

ACS tiene un ebitda sobre deuda de 4.5 veces, contando de forma ortodoxa. Ha liquidado anticipadamente dos emisiones de bonos convertibles en acciones de Iberdrola, por 1.100 millones y olvida su aventura eléctrica, con el rabo entre las piernas, después de haber optado a controlar el gigante vasco.

Vende activos de sus filiales Hochtief y Leighton por 460 y 770 millones respectivamente, y como el que no quiere la cosa, se embolsa del gobierno español 1.350 millones en indemnización por el fracaso del proyecto Castor. Y continua adjudicándose grandes contratos en California, América Latina y el Sud Este Asiático. Finalmente saca a bolsa su división de renovables para reducir deuda por 2.000 millones.

OHL, por su parte, vende a un fondo una participación del 25% en el capital de una concesionaria mexicana, por valor de 513 millones, y las acciones suben el 8,8% de valor. Así fortalecerá su balance y tendrá caja para continuar invirtiendo.

Isolux quiere captar 600 millones que le permitirían reducir su deuda de 1.790 millones y dar salida a sus accionistas financieros (La Caixa tiene un 24%).

Todas ellas son decisiones acertadas, quizá forzadas por los mercados, pero ortodoxas. Se había crecido mucho, con deuda, y ahora toca consolidar balances, sin exponerse a que les excluyan de la financiación.

Esta historia viene a cuento porque el gobierno español hace precisamente lo contrario. Incrementa la deuda, pone en marcha una reforma fiscal en la que estima que va a devolver » a los españoles» aproximadamente 6.000 millones, cuando la deuda ya es superior al 100% del PIB.

Es cierto que la economía española ha mejorado y con la inestimable ayuda del precio del petróleo, puede hacer gala, como hace su ministro, de que ha incrementado la competitividad, hay más disponibilidad (relativa) de crédito y más barato, por la caída de los tipos de interés y de la inflación. Los datos de empleo mejoran algo, aunque insuficientemente, porque el dato relevante es la población activa, única forma de crecer sosteniblemente.

Y lo más sorprendente –se ve que estamos en un año de elecciones– el secretario de Estado de Hacienda dice que «si la recaudación supera la barrera del 38 o 39% del PIB, habrá una nueva bajada de impuestos, mayor a la de la reforma fiscal».

En 2013 la presión fiscal estaba en el 37.8%. Y continúa, «el Estado no necesita este dinero y lo devuelve a los ciudadanos». Hay que apuntar que de media, en la zona del euro, la presión fiscal se sitúa en el 46.8%.

Si de verdad Rajoy quiere rebajar la presión, que lo haga sobre aquella que incide en la contratación de los trabajadores

A todo el mundo le gustaría pagar menos impuestos pero es evidente que mientras España continúe creando déficit público, crezca débilmente (2% en 2015) no se genera suficiente empleo de calidad. Nuestro modelo de desarrollo todavía adolece de debilidades importantes, la deuda pública está por encima del 100% del PIB, la de las familias en el 75% del PIB, y existen grandes focos de pobreza. No hay que bajar la guardia, ni tomarse alegrías cuando se trata de impuestos y gasto público.

Si de verdad el Gobierno quiere bajar las cargas, que lo haga sobre aquellas que inciden en la contratación de los trabajadores. Es mucho más eficaz para superar la crisis, pues tiene efectos inducidos más potentes y concuerda con las recomendaciones del FMI.

Porque está claro que la reducción del peso de la deuda viene condicionada, además, por el estado deflacionario en el que nos hemos instalado, para un buen rato, mientras el petróleo no suba de nuevo.

Habría que aprovechar el extraordinario buen momento de las condiciones económicas externas –petróleo muy bajo, inflación inexistente– para cambiar el modelo, hacer más competitivas las empresas y reducir los diferenciales que han acompañado a nuestra economía: el déficit y la deuda pública.

El Gobierno debería aprender de las empresas privadas y de las familias, que han reducido su endeudamiento un 12% respecto de 2011.