Vocales de NCG dicen que los acuerdos de indemnizaciones no especificaban las cuantías millonarias

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Tres testigos fueron llamados por Anticorrupción ya que votaron en el consejo en contra de las retribuciones dadas a cuatro exdirectivos

Oficina de NGB

30 de mayo de 2012 (19:35 CET)

Tres vocales del consejo de administración de Novacaixagalicia --la entidad fruto de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova-- declararon este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la legalidad de las indemnizaciones recibidas por cuatro exdirectivos de la entidad, que abandonaron esta al convertirse en un banco. En el momento de las votaciones en el consejo de administración de las indemnizaciones, los testigos aseguran que “no se concretó la cuantía de las mismas o de las prejubilaciones puestas en marcha”.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se abrió a raíz de una denuncia del sindicato CIG sobre las indemnizaciones percibidas por cuatro exaltos cargos de la entidad fusionada. José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada.

Polémicas indemnizaciones

Estas indemnizaciones despertaron una grave polémica en Galicia, sobre todo luego de que la caja fusionada fuese nacionalizada por el Frob. De acuerdo con las cifras que en su momento trascendieron, las indemnizaciones netas de los cuatro exdirectivos rondaban los 20 millones de euros. La cuantía a la que tenía derecho García de Paredes ascendía a 7 millones de euros, aunque renunció a la mayor parte.

La de José Luis Pego alcanzaba los 18,5 millones brutos, de los que 7,7 millones serían por su salario hasta los 65 años, ya que se prejubiló a los 54.

Fue el sindicato CIG el que a finales del año pasado decidió denunciar esta situación ante la Fiscalía, que remitió el caso a Anticorrupción.

Testigos

Este miércoles en Madrid, estaban llamados a declarar en calidad de testigos tres de los miembros del consejo que votaron en contra de estas indemnizaciones. Xosé Luis Veiga, representante del ayuntamiento de Pontevedra, José Luis Regueiro, de Comisiones Obreras, y Miguel Argones, del sindicato Csica.

Los tres ratificaron la escasa información que existió siempre a cerca de los detalles de las indemnizaciones y prejubilaciones que podrían percibir estos altos cargos.

Veiga explica que ellos son los primeros testigos llamados por este asunto y que los tres declararon que en aquel momento, votaron en contra del documento “porque no veían su contenido nada claro”. “No se votaron las prejubilaciones, en aquel momento nadie sabía que se iban a plantear”, declaró.

Prejubilaciones

Según Veiga, lo que se aprobó fue hacer un provisión de dinero para posibles indemnizaciones, pero nunca se les aclaró que existiesen prejubilaciones puestas ya en marcha, y menos prejubilaciones millonarias en una situación de crisis como la que viviría la entidad.

Por su parte, José Luis Regueiro de CCOO, aseguró que ya en el consejo del 25 de agosto de 2011 de la entidad se reconoce que “hay un hecho que puede dar lugar a esas posibles indemnizaciones”, pero que no se conocen las cuantías exactas.

“Nuestro compañero acudió muy tranquilo a Madrid ya que él votó en contra en su momento al no tener el consejo las cuantías exactas de indemnización ni facilitárselas”, explica Luis Mariño, representante de Comisiones Obreras en NGB.

¿Nuevas denuncias?

“El tema es escandaloso y estamos encantados de que se haya comenzado a investigar, aunque no sabemos lo que dará de sí, ya que estas indemnizaciones, éticas o no, fueron aprobadas por un órgano que podía hacerlo”, recuerda Mariño.

Por su parte desde la CIG, el sindicato que denunció estas indemnizaciones, recuerdan que en la actualidad aún queda un paquete de 33 millones de euros que podrían cobrar estos exdirectivos en concepto de jubilaciones. “Nos parece escandaloso que nadie se metiera en este tema. Nosotros ya denunciamos ante la Fiscalía las indemnizaciones primeras y quizás debamos volver a llevar este tema ante la Justicia”, explica Clodomiro Montero. 
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