Una docena de navieras de NCG vuelven a Galicia

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El banco presidido por Castellano domicilia en Vigo, desde Canarias, las agrupaciones de interés económico creadas para la financiación de buques

Imagen de la fabricación de un barco en un astillero gallego

03 de diciembre de 2012 (20:38 CET)

Vuelta a los orígenes. Y no precisamente a los impuestos por el Banco de España. NCG ha procedido a domiciliar en su sede operativa de García Barbón, en Vigo, la pléyade de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) constituidas en su día para financiar la construcción de grandes buques al abrigo de las exenciones fiscales de la antigua tax lease. Lo hace justo unas semanas después de que el Gobierno haya recibido el ok para adaptar las bonificaciones fiscales que ahora Bruselas reformula con el fin de que este peculiar sistema tenga visos de legalidad y no se considere ayuda de estado.

Durante las últimas semanas NCG ha procedido a trasladar a Vigo el domicilio social de hasta una docena de navieras repartidas entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Se trata de las firmas Naviera Aldán AIE, Naviera Cabo Udra, Naviera Bobia, San Roque, Cabo Estay, Beluso, San Simón, Cruces, Malpica, Olimpia, Area Brava, entre otras agrupaciones de interés económico, cuya sede fiscal estaba desde su constitución en Canarias para acogerse, a mayores, a determinados beneficios derivados de la insularidad de dicha comunidad autónoma. El grueso de estas firmas había sido puesto en marcha en su día por Caixanova, años antes de su fusión con Caixa Galicia. Fuentes de NCG, consultadas por Economía Digital, señalan que la domiciliación en Galicia de las sociedades responde a “un proceso de reorganización, para agrupar el grueso de participadas”, y hacer pivotar su gestión desde Galicia.

Arrendamientos financieros

Fue precisamente la caja viguesa, y posteriormente su participada Banco Gallego, las primeras entidades financieras autóctonas en abordar este tipo de inversiones. Ambas participaron con porcentajes significativos, que oscilan entre el 10% y el 35% del capital, en distintas AIE como Toralla, Santa Tecla, Carnota, Dafne, Barallobre, Sisargas, Silleiro, Paola y Eido do Mar, todas ellas domiciliadas en Santa Cruz de Tenerife. En otros casos la participación rebasaba el 51%. La construcción de gaseros y remolcadores, y también de buques de pequeño y mediado tonelaje, realizada en astilleros gallegos como Barreras o asturianos como Gondán, entre otros, era el destinatario final de estas inversiones, que se canalizaban en régimen de arrendamiento financiero también para grandes compañías, como es el caso de Transmediterránea.

La clave de la fiscalidad

Las ventajas fiscales que ofrecía la creación y financiación de navieras a través de AIE llevó en su día a bancos y cajas gallegos a poner en marcha más de 20 compañías de este tipo, que operan en diferentes puntos de España. A estos proyectos también se sumaron como accionistas empresarios gallegos de otros sectores ajenos al naval (Inditex, Cortizo…), con el objetivo de rentabilizar sus inversiones financieras. El patrimonio gestionado por las agrupaciones en las que estaba presente Caixanova ha llegado a estar por encima de los 70 millones de euros. Solo los activos de una de las sociedades ahora “repatriadas” por NCG se elevan a 16 millones de euros, como es el caso de Naviera Cabo Udra, que realizaba sus operaciones en alianza con Lico Leasing.

Como inversión, las AIE suelen firmar un acuerdo de arrendamiento financiero con un armador para aportar los recursos que permitan la construcción de un buque. El mecanismo contemplaba una opción de compra por parte del constructor. Los incentivos fiscales consistían, según la legislación vigente hasta que Bruselas detectó visos de incumplimiento de las normas comunitarias, en la posibilidad de amortizar anticipadamente el barco.

La AIE adelantaba la financiación necesaria siempre que, además del cumplimiento de otros requisitos, se traslade al menos el 75% de la ventaja fiscal obtenida a la entidad naviera que acabará quedándose el buque. Los incentivos tributarios en la construcción naval para las entidades ajenas al sector se encuentran en el ámbito del Impuesto de Sociedades, precisamente el que ahora el Gobierno debe reformular de urgencia para poder seguir manteniendo el sistema de tax lease.
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