Tres demandas contra el Frob de los accionistas de Banco Gallego

El Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña tramita hasta tres demandas presentadas por accionistas históricos de
Banco Gallego que solicitan la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria del pasado mes de enero, celebrada en Santiago, mediante la cual el Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (Frob) articuló la nacionalización de la entidad hasta ahora presidida por Juan Manuel Urgoiti. El Gallego fue adjudicado la semana pasada por el propio Frob a Banco de Sabadell.

Urgoiti, que también es consejero de Inditex, otro de los accionistas históricos de Banco Gallego, se mantiene al margen de las acciones judiciales emprendidas por los accionistas, entre los que se encuentran el empresario Epifanio Campo (controlaba hasta la junta general un 11,5% del Gallego), Javier Ungría (11,4%) y Ramón Bahamonde (3,6%). Los tres eran a la vez consejeros de la entidad con sede en Santiago y base de operaciones en A Coruña.

Las demandas, según las fuentes consultadas por Economía Digital, van directamente contra los gestores del Frob y su actuación en la junta general extraordinaria. Inicialmente, estaba previsto que en dicha convocatoria se aprobase una operación acordeón (reducción del capital a cero para asumir pérdidas, e inmediata ampliación) diseñada a priori para que los accionistas con derecho de suscripción preferente pudieran acudir para mantener o ampliar sus posiciones, pero la entrada en escena del Frob cambió todo el panorama.

Toda una “expropiación”

El Estado, al igual que hiciera con NCG, que hasta la junta general controlaba un 49,8% de Banco Gallego, decidió suscribir la ampliación tras la reducción de capital aportando 80 millones de euros, pero advirtiendo que llevaría a cabo su estrategia sin tener en cuenta a los accionistas. Para ello amenazó con que la resolución ordenada (liquidación) o venta del conjunto de la entidad se realizará “en representación y por cuenta de los demás accionistas, pero sin necesidad de obtener su consentimiento ni el de terceros distintos del comprador (eventuales acreedores), y sin tener que cumplir los requisitos de procedimiento exigidos en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles”. En ese punto se apoyan los accionistas que han demandado al Frob para interpretar que lo que se ha realizado por parte de organismo dirigido por Antonio Carrascosa es una “expropiación” en toda regla.

Demandas

Los demandantes también arremeten contra la valoración previa que hizo el Frob de la situación patrimonial de Banco Gallego, cuando detectó un agujero de 150 millones al cierre de 2012, ya que la estrategia de aparente descapitalización de la entidad se apoyó en esa tasación. Además de considerar que esas cifras no reflejan la imagen fiel del grupo, acusan al organismo público de no computar determinadas medidas que, de haberlo hecho, hubieran reforzado los recursos propios de la entidad. Entre esas opciones de viabilidad, aluden a la recompra prevista ya durante el año pasado de participaciones preferentes y otros productos híbridos, que fue bloqueada por los funcionarios del Banco de España.

Hasta la junta general de enero, el 51% de Banco Gallego se encontraba bastante repartido. Epifanio Campo, con el 11,5%, y Javier Ungría, de Ungría Patentes y Marcas, con otro 11,4%, eran los principales accionistas individuales. Juan Manuel Urgoiti, el presidente, controlaba el 7,4%, paquete en el que se incluía también la representación del 2,8% de la Fundación José Antonio de Castro. BNP Paribas tenía el 3,1% e Inditex, el 2,4%, según el último informe anual de la entidad. Desde el principio, ya antes de la junta general extraordinaria del Gallego, el grupo textil decidió no mover ficha para salvar su inversión.