Todas las empresas que diseñaron la seguridad del AVE gallego optan al ‘megacontrato’ de Brasil

Una UTE formada por la gallega Antalsis, Thales, Cobra, integrada en el grupo ACS, y Dimetronic fue la adjudicataria de la construcción y mantenimiento de las instalaciones de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, un contrato presupuestado en 147,6 millones de euros y que incluía la instalación de los sistemas de señalización, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, protección y seguridad del eje ferroviario. Adif atribuye a la tecnología de Thales el despliegue del ERTMS en la línea (que no se utiliza) con eurobalizas de Siemens, la empresa alemana que se hizo con la compañía de señalización ferroviaria Dimetronic tras la compra de Ivensys Rail, su grupo matriz, a comienzos de año.

A excepción de la constructora con sede en el polígono de A Grela (A Coruña), el resto de empresas forma parte del consorcio español que pujará por el megacontrato del AVE de Brasil, 13.000 millones de euros para las dos fases del proyecto. En el consorcio también están las públicas Renfe y Adif, y Talgo, el fabricante del modelo Alvia, todas ellas salpicadas en su reputación por el trágico accidente de Santiago, que ha costado la vida a, al menos, 79 personas. La agrupación que opta a la alta velocidad en sudamérica la completan Abengoa, Elecnor, Ineco y Bombardier.

Thales, que está desarrollando el diseño, instalación y puesta en servicio de la segunda fase de los sistemas de seguridad del puerto exterior de Ferrol, ha preferido no hacer valoraciones relacionadas con el siniestro, una postura que están siguiendo casi todas las empresas que participaron en la implementación de la alta velocidad en Galicia.

Los “intereses económicos” de Feijóo y la seguridad de Adif

Aunque la responsabilidad de estas empresas en el accidente del Alvia es, a priori, inexistente, toda vez que el convoy circulaba con el respaldo del sistema ASFA cuando descarriló y que el contrato para la instalación del ERTMS no cubría los 7,5 últimos kilómetros de las cercanías de Santiago, donde ocurrió el siniestro, su presencia en el consorcio de la alta velocidad en Brasil ha inundado el discurso político e institucional. En un sentido más amplio, temen que la tragedia de Santiago afecte a las adjudicaciones a las empresas estatales en el exterior.

El presidente de la Xunta lo dijo casi explícitamente. Aseguró que hay intereses económicos para desacreditar a la alta velocidad española, apuntando que «es evidente que hay concursos internacionales de construcción de líneas de alta velocidad en los que España participa y eso es un dato», explicó Feijóo.

En Adif y Renfe, que no han aclarado por qué se dejó incompleta la instalación del ERTMS hasta Santiago, insistieron en que el accidente no ocurrió en un tramo de alta velocidad, cuestión que dejaría fuera al consorcio español de la competición por el AVE en Brasil. Las bases del concurso exigen que los candidatos declaren no haber tenido ningún accidente con víctimas en su sistema de trenes de alta velocidad durante al menos cinco años.