Emilio Saracho, expresidente de Banco Popular. EFE

Saracho se mantiene a flote dos años después de la caída del Popular

El último presidente del Banco Santander ha logrado una retribución de 438.000 euros como consejero de Inditex e IAG

Ya han pasado dos años de la caída del Banco Popular y su venta al Banco Santander por un euro. Mientras que el Santander está terminado la integración de la entidad, la resolución judicial de lo ocurrido aún sigue pendiente. Durante este tiempo, y pese a que ha sido imputado por la Audiencia Nacional por este caso, el que fue el último presidente del Popular, Emilio Saracho, se ha mantenido a flote como consejero en varias empresas del IBEX.

Así, Saracho, que está inmiscuido en un juego de acusaciones con su predecesor Ángel Ron, se mantiene como consejero independiente de IAG, puesto en el que está desde junio de 2016. Además, también es consejero de la multinacional gallega Inditex. El año pasado tuvo una retribución de 438.000 euros por estos cargos.

Esto se debe a que los estatutos del consejo de administración de IAG e Inditex no recogen que un miembro no pueda permanecer en caso de estar involucrado en un proceso judicial.

Lo único que matizan es que deberá ponerse en conocimiento del órgano ejecutivo a través del presidente del mismo. En ambas compañías, los reglamentos estipulan que los respectivos consejos examinarán el caso y adoptarán las decisiones que consideren más oportunas.

El expresidente del Popular estuvo en el cargo, que inició el 20 de febrero de 2017, menos de cuatro meses y aseguró tras la caída de la entidad que él fue "el primer engañado sobre Banco Popular", ya que no fue informado de la verdadera realidad de la entidad.

Caída del Popular

El caso de la caída del Popular se encuentra en los tribunales y el próximo paso se dará el 4 de julio, cuando el Banco Santander y la Abogacía del Estado presentarán sus escritos de defensa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque la audiencia no se celebrará hasta dentro de un año. 

La crisis de liquidez provocada desde el 20 de abril hasta el 6 de junio de 2017 llevó a la Junta Única de Resolución (JUR), el mecanismo de rescate privado diseñado a raíz de la crisis para evitar que ahora los rescates los paguen los contribuyentes, a estrenarse con el Popular. Esta intervino la entidad y se la adjudicó al Santander por un euro.

Esto hizo que los más de 300.000 accionistas de la entidad perdieran su dinero, lo que ha llevado a que denuncien ante el organismo europeo, que acumula demandas por más de 2.000 millones de euros.   

Los accionistas denuncian a los gestores del Popular por irregularidades contables y falta de veracidad en las ampliaciones de capital

Los accionistas denuncian a los antiguos gestores del Popular por "irregularidades contables" y una supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital. En 2012 la entidad llevó a cabo una ampliación de capital, que repitió cuatro años después.

En todo momento el entonces presidente Ángel Ron defendió la situación "inmejorable" del banco, vendiendo una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, el banco entró en pérdidas y nunca llegaron los dividendos. 

También se cuestiona a las autoridades de resolución por el modo en el que se llevó a cabo el procedimiento. Así, el FROB ha recibido 1.063 solicitudes por responsabilidad patrimonial en la resolución de Banco Popular y existen también reclamaciones en el mismo sentido contra el Banco de España y la CNMV

En este tiempo, de las 1.584 oficinas del Popular se prevé que queden 435 a finales de año. Además, se han destruido casi 8.000 empleos. De hecho, el Banco Santander se encuentra inmerso en un ERE por 3.464 personas y está dando los últimos pasos para terminar de integrar al Popular.

Un artículo de Nahiara S. Alonso

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