Diversas entidades españolas han presentado ante los tribunales una denuncia contra las tres principales agencias de calificación de riesgos: Standard and Poor’s (S&P) , Moody’s y Fitch. Acusan a estas poderosas entidades de maniobrar para alterar el precio de la deuda pública en los mercados y de utilizar información reservada para beneficio propio o de sus clientes, informa RTVE.
Las organizaciones que han llevado el caso ante la Audiencia Nacional son: el Observatorio de los derechos jurídicos y sociales (formado por juristas), los colectivos ciudadanos ATTAC, Sin Permiso, la Unión por las libertades Civiles y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Posteriormente se han adherido a la iniciativa organizaciones políticas como Izquierda Unida o Esquerra Republicana de Catalunya.
La denuncia presentada el 25 de febrero pasado –admitida a trámite por el juez Ismael Moreno- es la primera en España y en Europa, donde se ha visto seguida por otra similar iniciada la semana pasada en Portugal por un grupo de economistas.
Un jubilado en Alemania
En Alemania, las acciones legales contra estas empresas se limitan a una denuncia particular de un jubilado contra S&P, después de que perdiera 30.000 euros en un producto estructurado de Lehman Brothers calificado como seguro por la agencia.
Gonzalo Boyle, uno de los portavoces del grupo de entidades denunciantes, ha declarado que “una cosa son las reglas del mercado y otras las reglas penales”. En este sentido destaca: “estas agencias han visto normal alterar el precio de las cosas en beneficio propio y eso es delito en España”.
Boyle afirma que Moody’s, una de las sociedades denunciadas, trasladó fuera de España su domicilio social unos días antes de que fuese aprobado el nuevo Código Penal, que incluye los artículos que ahora se invocan en su contra.
La querella se basa en actuaciones concretas. Así, indica que el 28 de abril de 2010 a las 17,27 horas, tres minutos antes de que se cerrasen los mercados bursátiles, S&P anunció la rebaja de la calificación de la deuda soberana de España desde AA a AA. En aquel momento, afirma la denuncia, quedaba poco tiempo para reaccionar, sólo los tres minutos antes del cierre oficial y 10 minutos más correspondientes a la subasta final, pero fueron suficientes para que aquellos que tuvieron la información pudiesen beneficiarse del cambio de valoración.
Aquel día, la bolsa española –por la negociación de los últimos minutos de la sesión- lideró “con creces las caídas en toda Europa” y su índice selectivo -el Ibex 35- triplicó sus pérdidas al terminar con un desplome del 2,99%, hasta los 10.167 puntos. Ese resultado significó que la mayoría de los inversores perdieron mientras que los que tenían la información precisa resultaron beneficiados.
El texto de la querella plantea su duda “del ánimo objetivo con el que se emiten estas calificaciones crediticias de deuda de los Estados (en este caso, deuda pública o soberana española), que posteriormente son compradas por entidades que mayoritariamente son clientes de estas mismas agencias, y que, a su vez, aportan a las mismas la mayor parte de su ingresos”.
Opiniones privadas
Aunque no dentro del proceso judicial abierto, las agencias querelladas han respondido a las críticas sobre sus operaciones. El trío de entidades manifestó en el marco de una investigación abierta por un comisión del Senado norteamericano y la comisión de Valores y Bolsa de aquel país, la SEC, que sus informes son opiniones privadas que se emiten en virtud de la libertad de expresión y que su influencia final depende del caso que les hagan los inversores.
Las dudas sobre la transparencia de las actuaciones de las agencias de rating han llegado a la Comisión Europea, que se ha planteado alternativas a la dependencia actual de sus calificaciones. Incluso el Fondo Monetario Internacional aseguraba en su informe de 2010 sobre “Estabilidad financiera mundial” que dichas agencias “usan y abusan del poder que tienen” y necesitan de una supervisión más estricta.
