Prescritos los delitos por los pufos de las cajas gallegas que denunció el Frob a la Fiscalía
Las operaciones irregulares llegaron a Anticorrupción en 2014 y 2015, y correspondían a actuaciones llevadas a cabo entre 2005 y 2008, con lo que superan los cinco años para la prescripción de delitos societarios o contra el patrimonio
¿Pagarán los exdirectivos de las cajas gallegas por las operaciones irregulares que denuncia el FROB y que siguen en diligencias de investigación en la Fiscalía Anticorrupción? Cada día que pasa esa posibilidad se aleja más. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria sigue trasladando a Anticorrupción operaciones supuestamente irregulares de las entidades financieras que han recibido dinero público. Sin embargo, en el caso de las cajas gallegas, ninguna de las 13 operaciones denunciadas entre 2014 y 2015, por importe de hasta 980 millones de euros, se ha transformado en una querella. Por tanto, sigue corriendo el tiempo parar que esos supuestos delitos prescriban.
De acuerdo con fuentes jurídicas que han tomado parte en las acciones penales contra los exdirectivos de las cajas gallegas, al permanecer en diligencias previas y de investigación en Anticorrupción y no llegar al juez en forma de querella, el tiempo juega a favor de los ex directivos de las cajas, ya que la mayoría de los delitos que se deriven de esas operaciones irregulares habrán prescrito cuando un juez de la Audiencia Nacional decida instruir la causa, en caso que finalmente lo haga. Solo en ese momento, según las mismas fuentes, se detendrá el reloj para evitar que los delitos prescriban. En otras palabras, mientras que las operaciones irregulares sigan en la Fiscalía, los delitos pueden prescribir.
Operaciones entre 2005 y 2008
El pesimismo cunde entre los abogados que han tomado parte en las acciones criminales contra los excesos de los exdirectivos de las cajas, comenzando por los de José Luis Méndez, ex director general de Caixa Galicia, y siguiendo por los de Julio Fernández Gayoso, que estuvo al frente de Caixanova y como presidente de la resultante, Novacaixagalicia. Y ese pesimismo se amplifica al comprobar las fechas de las supuestas operaciones irregulares.
El propio FROB señaló, cuando divulgó el envío de las operaciones irregulares a la Fiscalía Anticorrupción, que los hechos denunciados tienen origen en «operaciones realizadas, en su mayoría, en el período comprendido entre 2005 y 2008». Así lo señaló cuando en octubre de 2014 formalizó las primeras denuncias, que en el caso de las operaciones de Novacaixagalicia el quebranto estimado rondaba los 600 millones.
A esa denuncia la siguieron otras dos, una en el mismo mes de octubre de 2014 (dos operaciones por importe de 210 millones) y otra más en junio de 2015 (otras cuatro operaciones por importe de 170 millones). En total, trece operaciones de las cajas y Novacaixagalicia con un quebranto de 980 millones, denunciadas entre 2014 y 2015.
Cinco años y prescritos
Basta repasar el Código Penal para comprobar cómo los supuestos delitos que se deriven de esas operaciones, un amplio abanico que va desde los societarios a los tipificados contra el patrimonio, prescriben en su mayoría a los cinco años. En el caso de los delitos de apropiación indebida o estafa, prescriben a los cinco años. Para los relacionados con administración desleal o maquinación para alterar el precio de las cosas, la prescripción está fijada entre tres y cinco años. Solo en el caso de que se vean agravados por otras circunstancias, como por ejemplo una estafa masiva, la prescripción puede extenderse a los diez años, de acuerdo con la legislación vigente.
La operativa analizada en dichos expedientes y denunciada por el FROB se basa fundamentalmente en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías y operaciones de cancelación de deudas, «sea por compraventa de activos o dación en pago de cualquier otra figura jurídica análoga». En general, según las denuncias del FROB, se trataba de «operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades y presenten indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica». Sin embargo, los tiempos judiciales pueden dar al traste con la depuración de responsabilidades en el caso de las cajas gallegas.
