Nuevo aviso a Méndez y Gayoso: ocho banqueros imputados por vender preferentes
La Audiencia Nacional cita como acusados a la antigua cúpula de Caja España y Caja Duero por la comercialización masiva de productos complejos
A principios de verano, el sindicato CIG presentó una querella ante la Audiencia Nacional en la que solicita la imputación de numerosos ex directivos de las antiguas Caixa Galicia, Caixanova y NCG Banco por la comercialización de preferentes y otros productos complejos. Entre los principales señalados se encuentran José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso, los máximos exponentes de las antiguas cajas gallegas. Aunque de momento no hay novedades con respecto a la petición, el precedente de otras actuaciones similares podría marcar la pauta a seguir. De momento, este miércoles el juez Eloy Velasco ha dictado una providencia por la que imputa a ocho ex directivos de Caja España y Caja Duero. Serán interrogados el próximo octubre acerca de su responsabilidad en la colocación de híbridos.
El magistrado de la Audiencia Nacional les preguntará sobre su papel en las emisiones y comercialización de preferentes que se llevaron a cabo entre 2009 y 2010 con el objeto de capitalizar ambas entidades, fusionadas en la actualidad como Banco Ceiss.
Los ex presidentes de las cajas, llamados a declarar
El 22 de octubre declararán como imputados los ex presidentes de Caja España y Caja Duero, Santos Llamas y Julio Fermoso, así como los ex directores generales de ambas entidades. Un día después le tocará el turno a los antiguos directores financieros y comerciales de las entidades.
Las citaciones, avaladas por la Fiscalía, son consecuencia de la interposición de una querella contra ambas entidades por parte de la Unión de Consumidores de Castilla y León, que les atribuye presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. La Sala, esgrimiendo los argumentos que ya utilizó para estimar una querella similar sobre la emisión de preferentes en Caja Madrid y Bancaja (por la que se imputó a Miguel Blesa), defendió que la deuda subordinada y las preferentes deben ser objeto de investigación.
Argumentos similares
Justifica su postura en el hecho de que la comercialización de estos productos se produjo para “poder retrasar u ocultar el deterioro económico de las entidades querelladas”, que utilizaban estos productos financieros para captar activos y convertir los depósitos de los minoristas en pasivo para “enmascarar la difícil situación” que atravesaban.
Unos argumentos casi idénticos a los que plasmó la CIG en su querella, en la que insistía en que la emisión de preferentes y el afán comercializador por parte de las cajas tenía un objetivo muy concreto: tratar de mitigar la situación económica real de las entidades. Con esa premisa “se simuló y manipuló un mercado inexistente para las preferentes en el que se fijaron arbitrariamente los precios”.
