Méndez y Gayoso urdieron planes con las preferentes para mitigar la quiebra de las cajas, según la querella

Diversas asociaciones de afectados por las preferentes en las antiguas cajas indicaban ya hace meses que una vez se hubiera conseguido la devolución de la mayor parte de los ahorros atrapados, sería el momento de pedir responsabilidades y, por tanto, presentar una querella criminal, amparada precisamente en los juicios ganados y los arbitrajes, que aceptan que la comercialización de los productos híbridos no fue la adecuada. Ese precisamente es uno de los pilares en los que se basa la querella presentada por el sindicato CIG ante la Audiencia Nacional y que solicita la imputación de numerosos ex directivos de Caixa Galicia, Caixanova y NCG Banco.

En concreto, la querella de la CIG pide a la Audiencia Nacional que impute los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, estafa de inversores, falsedad de cuentas anuales, administración fraudulenta y desleal, abuso de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas a José Luis Méndez, su hijo Lis Méndez Pascual, Mauro Varela y José Ignacio Navas Díaz por parte de Caixa Galicia y a Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, José María Montalvo y Ángel López Coronas por parte de Caixanova. El documento al que ha tenido acceso este medio indica que la solicitud se hace extensiva a otros cargos de las antiguas cajas pendientes de identificar. (En un inicio, la central sindical baraja hasta 80 nombres).

Castellano y González-Bueno, también señalados

Además, la CIG también pide responsabilidades a Novagalicia, como entidad heredera de las antiguas cajas y a sus máximos directivos hasta la venta de la entidad a Banesco. Concretamente señala al presidente y al consejero delegado, José María Castellano y César González-Bueno, para los que solicita la imputación de delitos de receptación y encubrimiento. Entienden los abogados del sindicato que, «aunque no intervinieron como cómplices ni autores» en toda la operativa que rodea la comercialización masiva de preferentes, la entidad que dirigían si se benefició de ella. Sostienen también que auxiliaron a los responsables de la colocación de híbridos a pequeños ahorradores “a fin de impedir el descubrimiento del delito del que tenían conocimiento”.

A lo largo de las casi 60 páginas en que argumentan la petición del sindicato ante la Audiencia Nacional, la CIG denuncia que las antiguas cajas realizaron un plan de captación masiva de ahorro con engaño de pequeños inversores mediante la emisión y posterior comercialización de productos financieros de naturaleza extremadamente compleja. “Amparados en una inexistente regulación se realizó una comercialización indiscriminada” y “se tomó ventaja de la información que disponían las entidades de sus clientes y de la confianza y credibilidad depositada por ellos en las cajas”.

Evitar una quiebra “inminente”

Pero, si en algo insiste la querella, es que la emisión de preferentes y su afán comercializador tuvo un objetivo muy concreto: tratar de mitigar la situación económica real de las cajas gallegas. Con esa premisa “se simuló y manipuló un mercado inexistente para las preferentes en el que se fijaron arbitrariamente los precios”.

En distintas parte de la querella, los demandantes sostienen que “tras años de una política crediticia y comercial expansiva e irreflexiva, el advenimiento de la crisis subprime condujo a las cajas de ahorros gallegas, ante las crecientes dificultades para refinanciar sus pasivos mastodónticos, a una situación de insolvencia de facto que hizo aún más imperiosa su necesidad de fondos a fin de evitar su inminente quiebra”. Entonces, prosigue el documento entregado a la Audiencia Nacional “dada la imposibilidad material de salvar las cajas mediante planes de viabilidad, se optó por la ocultación de la verdadera situación económico-financiera de quiebra mediante el falseamiento de las cuentas anuales y otra información jurídico-económica relevante”.

“Sobre esta base de engaño, en el año 2009 se realizaron tres emisiones de preferentes por parte de las entidades –dos por Caixa Galicia y una por Caixanova– cuando las mismas eran conocedoras de que en ningún caso podrían dar cumplimiento a lo contratado dado la situación económico-financiera en que se encontraban”.

Una realidad distinta

“Ambas cajas de ahorros emitieron participaciones preferentes cuando eran de facto insolventes y tal situación patrimonial ya era conocida por sus administradores y directivos que no obstante, y con el fin de ocultar dicha quiebra, optaron por falsear las cuentas anuales de las entidades. Asimismo, falsearon la información económico-financiera que por imposición legal tenían obligación de publicar”, resuelve la querella.