Más de 5.000 afectados por preferentes de NCG han recuperado lo invertido con el arbitraje

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En septiembre, la cifra de emisión de laudos favorables se multiplicó por diez

Afectados por preferentes protestan ante la Plaza de Toros de Pontevedra

15 de octubre de 2012 (19:32 CET)

El Instituto Galego de Consumo ha emitido más de 5.000 laudos favorables a clientes de Novagalicia Banco con participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, de modo que más de 5.000 familias han recuperado ya sus ahorros, según indica el Gobierno gallego.

La Consellería de Economía ha indicado que los árbitros han dictado hasta ahora más de 5.000 laudos y que todos ellos han sido favorables. Con todo, el departamento del Gobierno gallego indica que el número de vistas se eleva a 6.000, aunque todavía no se han emitido laudos.

El pasado 19 de julio, el presidente ejecutivo de NCG Banco, José María Castellano, anunció al jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y a los medios de comunicación de que las autoridades competentes --Banco de España y la Unión Europea-- habían autorizado el arbitraje como vía que pondría solución "inmediata" a la problemática derivada de las participaciones preferentes.

Los laudos se disparan

Ocho días después, el 27 de julio, el propio presidente gallego dio a conocer que se habían dictado los dos primeros laudos favorables. A 6 de septiembre, la cantidad de clientes que habían recuperado el dinero 'atrapado' en este tipo de productos de alta complejidad solo llegaba al medio millar. En algo más de un mes, la cifra se ha multiplicado por 10.

Lo cierto es que el tema de las preferentes está ocupando una parte destacada en esta campaña electoral ya que las manifestaciones de colectivos de tenedores se están haciendo habituales en los mítines políticos para reclamar una solución a su situación. El Gobierno gallego ha defendido hasta la saciedad el sistema de arbitraje, puesto en marcha en colaboración con la propia Novagalicia. Sin embargo, muchos afectados rechazan el sistema al entender que solo dará solución a aquellos casos en los que esté claro que existió una mala comercialización del producto por parte de la entidad.
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