Más de 300 accionistas del Popular demandarán al Santander

Unos 315 accionistas del Popular, que sumaban títulos por más de 100M€, ultiman la primera demanda contra el Santander utilizando una extraña doctrina jurídica

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La primera demanda contra Banco Santander por la quiebra de Banco Popular es cuestión de semanas. Más de 300 accionistas –hasta ahora, 315– del banco rescatado y vendido al Santander por un euro presentarán demandas contra la entidad que preside Ana Botín por  enriquecimiento injusto, una doctrina jurídica poco utilizada, nunca antes en finanzas en España, que se remonta al derecho romano.

La demanda tiene su base en que el Santander, aunque es sujeto pasivo –no tiene culpa en la quiebra del Popular ni fijó su precio– , se enriqueció con la compra porque el banco valía mucho más que un euro. Según el despacho de abogados Jausas, que lleva las demandas, el banco valía, al menos, los aproximadamente 1.350 millones de euros que capitalizaba el día antes de su intervención.

Para los demandantes, el Popular valía al menos 1.350M€, y no el euro pagado por el Santander

Los 315 accionistas que se han unido a la causa sumaban más de 105 millones de euros en acciones el martes 6 de junio, el último día del banco en bolsa antes de su rescate por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) europea y su venta casi inmediata al Santander. Como consecuencia de esta operación, los accionistas y bonistas perdieron todo su dinero. Algunos han demandado a la JUR y otros al Popular, con Ángel Ron y Emilio Saracho en el epicentro, pero nadie hasta ahora ha apuntado al Santander.

Jordi Ruiz de Villa, abogado de Jausas, explica que la demanda estaba preparada hace semanas pero los nuevos datos de pérdidas del Popular –a mediados de septiembre se conoció que perdió 12.000 millones hasta junio– la han retrasado, ya que el despacho ha querido incorporar los nuevos datos y rehacer el informe.

La demanda contra el Santander será por enriquecimiento injusto, una doctrina del derecho romano

“El Santander ha comprado por un euro algo que valía mucho mas”, asegura Ruiz de Villa. ¿En qué se basa? En que en el momento de rescate, valía 1.350 millones, no el euro que pagó el Santander. La demandas también incorporarán el hecho de que las antiguas cuentas del Popular, en las que se fijaban los inversores para comprar acciones, así como los clientes para acudir a las ampliaciones de capital, tuvieron que ser reformuladas, pero se basarán en  la doctrina de enriquecimiento injusto.

El abogado barcelonés explica que hay un precedente en España de sentencia por enriquecimiento injusto, aunque no en finanzas. La sentencia es de 2015, en la que el comprador de un solar tuvo que indemnizar a los perjudicados por la venta, ya que en la tasación no se calculó el valor del inmueble que había en el solar. El comprador no tenía culpa, pero sacó un rendimiento económico que causó perjuicio a un tercero, por lo que tuvo que compensarlo.

La demanda contra el Santander no buscará culpabilizar al banco que preside Ana Botín, sino simplemente demostrar que se enriqueció, porque el banco valía más, y su enriquecimiento perjudicó a terceros, los accionistas. Jausas presentará una sola demanda de uno de sus clientes y si prospera, irá presentando el resto. Ruiz de Villa advierte que el banco no se juega 105 millones sino 1.350, puesto que si ganan, detrás pueden ir el resto de accionistas.

La estrategia de Ana Botín

Por su parte, el Santander ya se ha puesto a trabajar para evitar que las demandas le salpiquen, y está dispuesto a gastarse en ello 980 millones de euros. Se trata de los bonos de fidelización lanzados en septiembre para compensar a los clientes que eran accionistas y que acudieron a la última ampliación de capital.

El banco aseguró el pasado jueves, en la presentación los resultados de los primeros nueve meses del año, que el 60% de los clientes a los que iba destinado el bono ya lo ha aceptado. La suscripción de este bono, que permite a los que tenían hasta un millón de euros recuperar entre el 65% y el 100% de la inversión en 2024, lleva asociada la renuncia a tomar acciones legales contra el Santander y el Popular. De esta manera, desactivan las demandas de la mayoría de minoristas.

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