Los bancos temen que De Guindos imponga una tercera ronda de provisiones

Los tasadores independientes saldrán a cazar minusvalías ocultas en balance para que Economía dicte las nuevas necesidades financieras. La inspección paraliza las conversaciones de fusión hasta que los requerimientos sean definitivos

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La banca huele una tercera fase de provisiones forzosa que, aunque descartan que llegue en forma de decreto ley, el ministro de Economía, Luis de Guindos, impondrá valiéndose de cualquier otro mecanismo al alcance del Gobierno.

Los temores de las entidades se basan en las órdenes que habrían recibido los auditores independientes contratados para auditar los libros bancarios españoles.

Roland Berger y Oliver Wyman ya han recibido el mandato para iniciar las tasaciones de los créditos inmobiliarios así como de los activos problemáticos incrustados en el sistema financiero español. Podrán los balances patas arriba.

Sus trabajos se desarrollarán bajo unos criterios “excesivamente conservadores”, según las fuentes consultadas, que generaran minusvalías hasta ahora no consideradas como tal. La tercera fase de provisionamiento equivaldrá al valor de esas pérdidas. Los primeros cálculos apuntan a otros 15.000 millones a repartir, aunque la cifra podría crecer.

Con el freno puesto

Las sospechas del sector han enfriado, además, las conversaciones de fusión existentes, principalmente entre la banca mediana, que han vuelto al punto de partida. En Madrid “todo el mundo habla con todo el mundo”, pero “esperaremos”.

Sin el terreno de juego claro, las operaciones corporativas se retrasarán hasta mediados de junio. Para esas fechas se habrán presentado al Banco de España, inmerso ya en la sustitución del gobernador, los planes para cumplir con el segundo decretazo. Además Berger y Wyman habrán ofrecido los primeros cálculos.

Con la foto definitiva, las operaciones se activarán con la pretensión de que sean “finalistas”.

El banco público

El frenazo también afectará a las operaciones impulsadas por el Frob. El Banco de España y los bancos de inversión Citi y Nomura habrían pactado retrasar un par de semanas las subastas de Banco de Valencia y CatalunyaCaixa.

Para prevenir la falta de compradores con el empuje suficiente como para garantizar que las entidades no se malvenden, De Guindos estaría planeando la creación de un banco público para gestionar las franquicias nacionalizadas.

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