Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se saludan en el Congreso. EFE

Las inmobiliarias amenazan el pacto por la vivienda de PSOE y Podemos

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Las empresas consideran que intervenir el mercado del alquiler y la vivienda va contra la propiedad privada y el libre mercado

12 de octubre de 2018 (05:00 CET)

El acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos incluye un paquete de medidas en materia de vivienda que deberían desarrollarse a lo largo del año que viene, siempre y cuando salgan adelante las primeras cuentas de Pedro Sánchez desde su llegada a la Moncloa. Las iniciativas acordadas tienen luces y sombras, y las sombras son especialmente alargadas, al menos desde el punto de vista de las empresas, que interpretan algunas de las propuestas como contrarias al libre mercado y limitativas respecto a la propiedad privada.

Esto sucede en algunas de las medidas ‘estrella’, como la posibilidad de intervenir desde la administración pública sobre el mercado del alquiler. El acuerdo, que parte de una idea de Gobierno de Ada Colau en Barcelona, da capacidad a los municipios y a las comunidades autónomas para regular y limitar los precios en zonas declaradas como “tensionadas” porque se haya producido un incremento “abusivo” en las rentas del alquiler de vivienda habitual.

La Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias advierte que se “opone frontalmente” a la propuesta porque supone, a su juicio, “la intervención” del libre mercado y atenta contra la propiedad. De hecho, la patronal asegura que pedirá amparo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si sale adelante.

La seguridad jurídica del propietario, en cuestión

No es la única parte del acuerdo en la que ven este problema. Arrojan críticas similares a los derechos de retracto y tanteo que se reserva para las comunidades autónomas en las ventas de vivienda o locales arrendados de un mismo inmueble.

Por último, Fegein también se opone a la limitación a las garantías adicionales al arrendador, que quedan limitadas a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta. En este caso, consideran las inmobiliarias que crea “inseguridad jurídica” al arrendador y desincentiva la puesta en el mercado del alquiler de vivienda vacía, lo que contribuye a encarecer los precios.

Más vivienda social, menos impuestos

Frente a estas medidas, la patronal cree que ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y aplicar deducciones al alquiler en el IRPF o la exención del IBI, serían propuestas más favorables para movilizar la vivienda vacía y abaratar los precios. Del mismo modo, señalan, sería importante la creación de un parque de vivienda social de protección oficial que desde Fegein llevan años reclamando.

Sí que ven las inmobiliarias otros puntos positivos dentro del acuerdo, como ampliar el plazo de prórroga obligatoria en los contratos de alquiler de tres a cinco años (a siete años en caso de persona jurídica) o la obligatoriedad de incluir en el contrato el derecho del arrendador a recuperar la vivienda antes del plazo legalmente establecido.

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