La Xunta niega haber supervisado las prejubilaciones de NCG a pesar de tener representantes en las comisiones de control

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En 2009, Feijóo hizo uso del derecho que tenía la Administración a participar en los órganos de control de las cajas

Pego y García de Paredes

15 de noviembre de 2012 (21:34 CET)

La Xunta de Galicia insiste en que no conocía la cuantía de las indemnizaciones millonarias que se llevaron cuatro exaltos cargos de Novacaixagalicia (NCG), a pesar de que en 2009 colocó a dos miembros del Gobierno en las comisiones de control de las antiguas cajas. La polémica se ha vuelto a reavivar después de que este jueves Miguel Argones, quien fue representante del sindicato bancario Csica en el consejo de Administración de la caja fusionada indicase este jueves en la Audiencia Nacional que los contratos que reflejaban las indemnizaciones millonarias habían sido supervisados por el Banco de España y por la propia Xunta de Galicia.

Con esta declaración, por vez primera, un testigo de la investigación, señala directamente al Ejecutivo gallego en relación con el polémico asunto de las prejubilaciones millonarias que ahora reclama la Fiscalía Anticorrupción.

La Xunta, “sin competencias”

La noticia de las declaraciones de Argones no tuvo buena acogida en la Xunta de Galicia. De inmediato, la consellería de Facenda envió un comunicado en el que asegura que el Gobierno gallego carecía de “competencias” para supervisar las indemnizaciones que se firmaron para los cuatro exaltos cargos. Facenda insiste en que este tipo de facultades solo corresponden al Banco de España y que, precisamente por ese motivo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, habría enviado una carta al, por aquel entonces, gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que tomase las medidas oportunas en el asunto.

Sin embargo, lo cierto es que en octubre de 2009, en pleno debate sobre la fusión de las cajas gallegas, Feijóo optó por designar, con discreción, a dos representantes de la Administración autonómica, para ocupar sendos puestos en las comisiones de control de Caixa Galicia y Caixanova.

Comisiones delegadas

La legislación otorgaba a la Xunta la potestad para participar en los órganos de control de las cajas, pero ningún gobierno hasta ese momento hizo uso de ese derecho, ni Fraga, ni el bipartito. Feijóo colocó a Joaquín Caballero, subdirector xeral de Recursos e Análise Orzamentaria en Caixa Galicia y a Javier Dios Ortiz, jefe de sección dentro del Servizo de Análise Financiera, en Caixanova.

Las comisiones delegadas tenían atribuidas funciones de análisis de gestión económica y financiera de la entidad, así como el estudio y revisión del balance de las cuentas de cada ejercicio. Además de la supervisión de la gestión del consejo de administración "para que se desarrolle en el marco de los fines propios de la entidad, de las directrices y resoluciones de la asamblea general y de las directrices emanadas de la normativa financiera". La Xunta decidió entonces dar este paso para reforzar “la supervisión” del sistema financiero, según señaló Facenda.

Desde el sindicato CIG --que llevó las prejubilaciones a la Fiscalía-- siempre sostuvieron que, más allá del Banco de España, la Xunta era conocedora de las indemnizaciones de Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes.

Ley de Cajas

“La Xunta tenía personal en las comisiones delegadas, ¿cómo era posible que no lo supiese?”, se pregunta el representante dela CIG en Novagalicia, Clodomiro Montero. Además, la central sindical argumenta que el PP y el PSOE pactaron en contra de una enmienda de la Ley de Cajas para que el salario de los directivos no se hiciese público, como el de los banqueros. “Si no hubieran atrancado eso, ahora estaríamos de otra forma”, indica.

“Siempre sostuvimos que la Xunta conocía las indemnizaciones, por eso no se personó en el proceso judicial, por eso nunca quiso hacer nada al respecto. Pero eso, no se puede demostrar”, opina Montero.
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