La Xunta mantiene su defensa del arbitraje de las preferentes

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Estiman que ya hay 3.400 solicitudes en la comarca de Vigo, una de las más afectadas

Un manifestante habla con miembros de la Policia Nacional

03 de septiembre de 2012 (18:53 CET)

La Xunta ha mantenido este lunes su defensa de la vía del arbitraje para que los afectados por la compra de participaciones preferentes puedan recuperar sus ahorros y ha explicado que, a día de hoy, un total de 3.400 afectados de Vigo y comarca –una de las que registra mayor número de tenedores de estos productos-- han solicitado ya este mecanismo.

Esta cantidad supone más de 26% de las más de 13.000 peticiones en Galicia por la venta inadecuada de este producto financiero.

13.000 solicitudes

Según explica la Consellería de Economía hasta el momento el arbitraje de Consumo --fórmula que continúa abierta y tiene la misma firmeza que una sentencia judicial-- ha servido "para que más de 330 familias gallegas recuperaran sus ahorros tras someterse al laudo". En toda Galicia, existen actualmente más de 13.000 solicitudes para sumarse a una vía que el departamento autonómico califica de "ágil" y que es "gratuita".

El Gobierno gallego asegura que "continúa defendiendo a los afectados por las particiones preferentes" y que, por medio del arbitraje llevado a cabo por el Instituto Galego de Consumo, "continuará tramitando los arbitrajes solicitados por los consumidores afectados". Asimismo, destaca que "es la única comunidad que consiguió articular este mecanismo que está facilitando la recuperación del dinero a las familias" y defiende que se trata de una opción "eficaz para solventar el problema".

Siguen las manifestaciones

Sin embargo, la solución del arbitraje sigue pareciendo insuficiente a las plataformas gallegas de afectados. En la mañana de este lunes, afectados de la zona de Vigo han vuelto a manifestarse delante de las oficinas de Novagalicia Banco y de la delegación de la Xunta de Galicia.

Sostienen que con la aplicación del nuevo decreto, los tenedores de estos productos complejos deberán hacer frente a una quita que estiman en un 70%.
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