La ruinosa autopista de las cajas gallegas en Antequera

La concesionaria de la Autopista del Guadalmedina, de la que Abanca heredó una participación de un 30%, arrastra unas pérdidas de 12 millones en los dos últimos años

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Casabermeja es un municipio de la provincia de Málaga que no pasa de los 3.500 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Allí tiene su domicilio social la firma Autopista del Guadalmedina Concesionaria Española SA, que gestiona la vía de pago conocida como AP-46. Con una inversión de 353 millones de euros, la autopista discurre a lo largo de sus 28 kilómetros por los municipios de Antequera, Casabermeja, Almogía y Málaga. Las cajas gallegas no solo financiaron el proyecto en los años de alegría del ladrillo, sino que llegaron a compartir su propiedad, con un 30% del accionariado que ha heredado Abanca, tras la compra de Novagalicia.

La autopista abrió al tráfico en octubre de 2011, después de que en 2006 tomara cuerpo el proyecto, de la mano de Sacyr, grupo constructor del que las cajas gallegas también fueron accionistas significativas. El vínculo, en esta ocasión, llegó de la mano de Caixanova Invest, la sociedad instrumental a la que solía recurrir el grupo de Julio Fernández Gayoso para determinadas operaciones de inversión.

Pérdidas acumuladas

La Autopista del Guadalmedina no es precisamente un caso de éxito. Ni en cuanto a negocio ni en cuanto a tráficos. La vía de pago tenía como objetivo constituir un itinerario alternativo a la autovía A-45, que era el principal acceso desde el norte a la ciudad de Málaga. Su concesión expira en 2044.

En los pocos años de vida de la concesionaria, sus ejercicios económicos se cuentan por pérdidas. Solo en los dos últimos años, sumó 7,2 millones de euros de resultado negativo en 2014 y otros 4,6 millones al cierre de 2015, según datos de su accionista mayoritario, Sacyr. Si se mira todavía más atrás, en 2013, sumaba unos ingresos de 8 millones de euros, y unas pérdidas antes de impuestos de 2,4 millones.

Abultada deuda

Como inversión intensiva en capital, la concesionaria arrastra una deuda abultada. Su pasivo asciende a unos 304 millones de euros. Y, de su balance, destaca unas deudas con entidades de crédito a largo plazo de 152 millones, entre ellas las cajas gallegas y Unicaja, y otros 105 millones como pasivo con empresas del propio grupo Sacyr, que controla el 70% de la concesionaria.

Las cajas cayeron en la trampa de financiadores y accionistas del proyecto; es decir, quedaron atrapadas por dos vías. En febrero de 2011, relata Sacyr en su memoria, se formalizó el contrato de concesión de derecho de opción de venta sobre acciones y préstamos participativos y subordinado de la concesionaria entre Sacyr Vallehermoso, Sacyr Concesiones y Caixanova Invest, en ese momento en manos de Novacaixagalicia. El porcentaje de participación de Caixanova Invest ascendía ya a un 30%.

Un año más tarde, en junio de 2012, se realizó la novación del contrato de derecho de opción de venta estableciéndose un plazo de vigencia para el 50% de las acciones y préstamos entre el periodo comprendido entre octubre de 2017 y octubre de 2018, y el restante 50% entre 2018 y 2019. Es decir, hay Autopista del Guadalmedina para rato.

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