La querella contra Méndez y Gayoso por las preferentes calca a la de Blesa

El sindicato CIG presentará esta semana una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra la cúpula de las antiguas cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, así como contra los responsables de Novacaixagalicia y posteriormente NCG Banco por la comercialización de participaciones preferentes entre minoristas. Los abogados del sindicato todavía estudian el número final de personas contra las que actuarán, pero ya van por 79.

Entre ellas se encuentran los responsables de las antiguas cajas, José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso, así como todas aquellas personas que desde 2003, cuando se inició la comercialización masiva de las preferentes, se encontraban en puestos de responsabilidad. La querella se extiende entre otros contra Mauro Varela, José Luis Pego y quienes formaron parte de los consejos de administración, comisiones de control y comités de dirección de las entidades y de la caja fusionada. De hecho, la intención del sindicato también es ir contra el último consejo de administración de la entidad, presidido por José María Castellano. “En 2011 se seguía comercializando con las preferentes en el mercado secundario”, explica Clodomiro Montero, representante de CIG-Banca.

El precedente de Caja Madrid

Pero, ¿por qué una querella en este momento? El sindicato cree que justo ahora la querella tienen muchas posibilidades de salir adelante. Se amparan en el juicio actual que se desarrolla en la Audiencia Nacional por la comercialización de preferentes en la antigua Caja Madrid, y que derivó en la imputación de Miguel Blesa a principios de este año.

De hecho, en ese juicio de las preferentes de Caja Madrid, el juez también imputó a los antiguos miembros de la cúpula de la entidad, entre los que se encuentran el propio presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, el ex secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el ex presidente de la Asamblea de Madrid, Jesús Pedroche (PP) o el ex alcalde socialista de Móstoles, José María Arteta.

También contra políticos

Así, desde la CIG, destacan que, de salir adelante la querella contra las antiguas cajas gallegas, podrían acabar como imputados no sólo los grandes directivos de las financieras extintas y de la entidad que nació de su fusión, sino “conocidos políticos gallegos” que pertenecieron a los distintos consejos de administración. “Hay muchos cargos de los dos grandes partidos”, recuerda Montero, como por ejemplo el ex presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, el alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco o el de de Curtis, Javier Francisco Caínzos.

La querella que se presentará ante la Audiencia Nacional señalará además a numerosos directivos tanto de Caixa Galicia como Caixanova que hoy ya no forman parte de la actual Novagalicia. De hecho, en el caso de la caja del norte, en la primera emisión de preferentes en 2003 destacan como firmantes de las condiciones de la oferta ejecutivos que ya están fuera de NCG, como por ejemplo el hijo de José Luis Méndez, José Luis Méndez Pascual, Lis, en calidad de apoderado de Caixa Galicia Preferentes SA, y en ese momento subdirector de la Asesoría Jurídica Financiera e Internacional de Caixa Galicia. En el consejo de administración de la sociedad emisora de preferentes estaba acompañado, entre otros, por Javier García de Paredes, en 2003 director general adjunto y hoy uno de los protagonistas del caso de las indemnizaciones millonarias.

En el caso de la caja de sur, Caixanova Emisiones SA, el vehículo de la entidad de Fernández Gayoso para la colocación de este tipo de productos estaba presidida en 2005, cuando se realizó una primera emisión de 198 millones, por los directivos José María Montalvo Moreno y Ángel López Corona.

Adhesiones a la querella

La CIG justifica la querella, además de en el precedente del juicio de Caja Madrid, en que Novagalicia se allanó en la demanda de acción civil colectiva por la comercialización de preferentes iniciada por la Fiscalía Superior de Galicia. Así, indican que, si la denuncia se admite a trámite, podrán adherirse a ella los afectados que lo consideren oportuno. “Pero aquí no se hace ninguna reclamación económica, la responsabilidad civil non es nuestro interés, eso lo dejamos para los afectados. Aquí únicamente se pide responsabilidad penal”, insisten.