La otra herencia de Abanca: inspecciones fiscales por la gestión de Méndez, Gayoso y Castellano

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La Agencia Tributaria procedió el año pasado a incoar actas de inspección en la entidad que abarcan hasta el 2009 y golpean de lleno a la etapa de las cajas y de la extinta Novacaixagalicia

José María Castellano, Julio  Fernández Gayoso y José Luis Méndez

en A Coruña, 03 de mayo de 2016 (00:22 CET)

Enmienda fiscal casi a la totalidad. Y con unos protagonistas muy especiales. Abanca normaliza su actividad, con la vuelta a beneficios de su grupo industrial y el primer reparto de dividendos desde que Juan Carlos Escotet se hizo con el control de la extinta Novagalicia en pública subasta. Pero la herencia de las cajas y de su nacionalización es alargada y no solo pasa por la crisis de las participaciones preferentes y los agujeros del ladrillo. La Agencia Tributaria procedió el año pasado a incoar actas de inspección en la entidad que abarcan hasta el 2009 y golpean de lleno a la etapa de las cajas y de la extinta Novacaixagalicia.  

"Como consecuencia de la actuación inspectora de las autoridades fiscales", señala Abanca en su memoria, "en 2015 se han incoado actas de inspección hasta el ejercicio 2009 inclusive, todas ellas firmadas en conformidad, que han devenido firmes en el propio ejercicio 2015". En este sentido, aclara el banco, "estas actas no han supuesto un efecto significativo para las cuentas anuales consolidadas en su conjunto", pero matiza que "los resultados de las actuaciones de comprobación que en el futuro pudieran llevar a cabo para los años sujetos a verificación podrían dar lugar a pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva".  

Hasta la etapa de Castellano

Y casi todo a cuenta del pasado. En lo que respecta a las entidades fusionadas que dieron lugar a Novacaixagalicia, la Administración Tributaria notificó el inicio de actuaciones inspectoras en relación con el grupo fiscal de Novacaixagalicia (actualmente Fundación Galicia Obra Social), correspondientes a los períodos comprendidos entre julio de 2011 a diciembre de 2013, salvo en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, que corresponde a los ejercicios 2010 a 2013.  

Tres nombres sobresalen en los períodos sobre los que Hacienda ha levantado actas de inspección durante los últimos años, y que tienen su cénit en 2015. Es un pasado que vuelve. José María Castellano presidió la entidad resultante de las cajas, ya bancarizadas y nacionalizadas, entre el verano de 2011 y diciembre de 2013, cuando llega Escotet y Banesco. Anteriormente, José Luis Méndez, en Caixa Galicia, había prolongado su reinado hasta 2010, cuando tuvo que abandonar el barco antes de la fusión con Caixanova. Y Julio Fernández Gayoso, primero en la caja del sur y luego en Novacaixagalicia, estiró su presidencia hasta febrero de 2012, cuando se vio obligado a dimitir. Por tanto, las inspecciones de Hacienda afectan a la gestión de los tres ejecutivos.  

Antes y después de la fusión

Gayoso, incluso, llegó a la fusión con el aliento de la Agencia Tributaria en la nuca.  En julio de 2009, Caixanova recibió comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación relativas al Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2004.

Posteriormente, en enero de 2010, tres meses antes del anuncio de la fusión con Caixa Galicia, la entidad viguesa recibió notificación de liquidación definitiva, firmada en disconformidad, derivada de un acta de disconformidad previa, por importe de casi un millón de euros. Dicha liquidación, señala Abanca en su memoria, ha sido objeto de reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Central, "habiéndose satisfecho a la Administración Tributaria el importe derivado de la misma".  

Otro problemas fiscales han surgido en este tiempo. Y, en este caso, derivados de la gestión de Méndez en Caixa Galicia. Como refleja la memoria de Abanca, la entidad con sede en A Coruña procedió a revalorizar contablemente parte de su inmovilizado material, para ajustarlo a su valor razonable al 1 de enero de 2004, sin que dicha revalorización se incluyera en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. La revalorización contable se practicó en el ejercicio 2005, y su importe ascendió a nada menos 168 millones de euros.
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