La justicia gallega se prepara para otro aluvión de demandas por preferentes

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A la espera de que se aclare la cantidad real de las quitas, las asociaciones de afectados indican que en abril comenzará el colapso

Preferentistas acuden al pleno municipal de Salvaterra (Pontevedra) que acabó por suspenderse / EFE

25 de marzo de 2013 (22:14 CET)

A los preferentistas les quedan pocas cartas que jugar después de que el pasado viernes el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) informase de las quitas “medias” que se les aplicarán a sus ahorros en las entidades nacionalizadas. Las asociaciones de afectados buscan una solución política –de ahí las concentraciones en ayuntamientos-- pero también recurrirán a los juzgados. Aseguran, que la justicia gallega ya les ha informado de que se prepara para un aluvión de demandas. “Comenzarán en abril”, indican.

La información ofrecida por el Frob sobre la cuantía total de las quitas que se aplicarán a los poseedores de estos productos híbridos se ha quedado corta. El regulador bancario sólo habló de los descuentos “medios”, y parece claro que la quita variará en función de las emisiones en vigor. En el caso de Novagalicia Banco, la quita media es de un 43% para las preferentes, un 41% en deuda subordinada perpetua y un 22% para subordinadas con fecha de vencimiento.

Quitas adicionales

Además, tal y como adelantó Economía Digital, el pasado viernes, el organismo que preside Fernando Restoy dejó entrever que los preferentistas de NCG que quieran cambiar sus acciones convertidas a líquido sufrirán otra quita adicional.

Ante la incertidumbre, y la escasa confianza en la continuidad del arbitraje (por el momento NCG asegura que se mantiene), muchos preferentistas recurrirán a la vía judicial, mediante demandas individuales y colectivas. Una resolución judicial podría invalidar no solo la quita ordenada por Bruselas, sino que supondría el resarcimiento económico.

Las tasas judiciales juegan en contra


“Todo este proceso va a derivar en un nuevo aluvión de demandas judiciales y de adhesión a las iniciativas colectivas que se han llevado a cabo. Ahora todavía es pronto, y hay un tiempo para reflexionar. Creemos que entrado abril comenzará la cascada de demandas”, explica Xoán Antón Pérez-Lema, abogado y secretario general de la Asociación Gallega de Afectados por Productos Financieros (Agaprofi). “Por supuesto hay otra vía que es la puramente política y que pasaría porque la Xunta consiguiese el mantenimiento del arbitraje”, añade.

Sin embargo, todo parece ponerse cuesta arriba para los preferentistas. Las tasas judiciales son un escollo que deben superar si quieren embarcarse en un proceso judicial para poder recuperar su dinero. “La tasa media para una reclamación de una cuenta de unos 50.000 euros es de 350 euros, y ahora mismo hay gente que ya no puede pagar eso”, dicen en Agaprofi.

Demandas colectivas en marcha


Esta asociación espera una respuesta sobre la puesta en marcha de una demanda colectiva contra NCG Banco en la que solicita la declaración de nulidad de la comercialización de las participaciones preferentes a compradores minoristas y a la que podrán adherirse todas aquellas personas que no entraron en el arbitraje.

Además, sigue en marcha la presentada por la Fiscalía Superior de Galicia, si bien, sus principales patas han sido capadas por la Audiencia Provincial de A Coruña. Esta desestimó un recurso para poder solicitar la nulidad de los contratos y el resarcimiento económico de los afectados. La Fiscalía está a la espera de un juicio verbal y de que la sentencia se haga firme. “En cuanto la tengamos podremos recurrir al Supremo y seguir adelante”, explicaban este lunes fuentes del ministerio fiscal.

Plenos municipales

Otras fuentes judiciales corroboraron que esperan que las demandas individuales comiencen a crecer en las próximas semanas, si bien en los últimos días no se ha notado ningún aumento significativo “más allá de la demanda de una empresa que había invertido en estos productos y algunos casos puntuales”.

Mientras los despachos de abogados apuran los días, y a la espera de mayor información por parte del Gobierno, las acciones de las plataformas de afectados se han centrado en los ayuntamientos. Este lunes, las protestas de estos colectivos obligaron a suspender los plenos municipales de los ayuntamientos de Salvaterra, As Neves y Gondomar (Pontevedra). También hubo problemas para llevar a cabo las reuniones del consistorio en Sanxenxo y O Grove.
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