La Justicia cerca a Gayoso y los ex directivos de los 20 millones de indemnización

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Anticorrupción solicita a la Audiencia Nacional penas de cárcel de tres años por estafa

Gayoso, también ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional

17 de junio de 2014 (02:48 CET)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno deberá atender ahora las reclamaciones de Anticorrupción en referencia con la investigación sobre las prejubilaciones millonarias percibidas por ex directivos de Novacaixagalicia. La Fiscalía ha solicitado tres años de prisión para el ex copresidente de NCG Julio Fernández Gayoso, cuatro antiguos ejecutivos de las cajas y un abogado por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y, alternativamente estafa por asignase unas indemnizaciones desmesuradas pese a la situación de crisis que atravesaba la sociedad.

El Ministerio Público considera autores del delito de apropiación al que fuera director general adjunto de Novacaixagalicia, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al ex
responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada autores de la estafa, y asegura que Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas actuaron como cooperadores necesarios.

Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros, cantidad que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.

Importante beneficio patrimonial

En su escrito provisional de acusación, Anticorrupción precisa que tres de estos cuatro altos directivos --Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán-- acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".

Las dos fiscales detallan que los contratos fueron renovados, no sólo con mejoras salariales, sino "también con el reconocimiento de compromisos por pensiones que, para el caso de que ejercitaran la facultad de desistimiento, podría repercutir en la solvencia de la nueva entidad".

El asesor Pradas

Para ejecutar su propósito contaron con la colaboración de Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, cargo que conservó como copresidente de Novacaixagalicia, quien, como máximo gestor de la entidad, "le era exigible la mayor diligencia en la salvaguarda de sus intereses ya que presidía, no sólo el Consejo de Administración, sino también, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos".

En el 'Pacto Laboral de Fusión', la caja fue asesorada por el especialista en derecho laboral Ricardo Pradas, experto en derecho laboral y asesor externo quien, a petición del presidente redactó, "con pleno conocimiento de su carácter innovador y las mejoras que comportaban", las nuevas cláusulas de los contratos de los tres altos directivos hasta el momento señalados.

¿Una pena que se queda corta?

Para Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) con la petición de las penas de la Fiscalía Anticorrupción “queda claro que existe una justicia para ricos y para pobres”.

El artículo 250.1 del Código Penal indica que “el delito de estafa será castigado con penas de prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses” cuando se cumplan una serie de requisitos. O bien la estafa recaiga sobre “bienes de primera necesidad” o bien se perpetre “abusando de la firma de otro, o sustrayendo, ocultando, o inutilizando en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase”.

El Código Penal también destaca que el delito de estafa se penará hasta con seis años de cárcel cuando “el valor de la defraudación supere los 50.000 euros” y cuando “revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del prejuicio y a la situación económica en la que deje a la víctima o a su familia”.
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