La intervención de Bruselas dilatará la subasta de Novagalicia

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La Dirección General de la Competencia decidirá si permite más ayudas públicas, lo que podría decantar la adjudicación

El  ex presidente de NCG José María Castellano, y su consejero delegado, César González-Bueno | EFE

29 de noviembre de 2013 (01:35 CET)

Bruselas podría decantar la subasta de Novagalicia Banco y, de forma indirecta, dilatar todavía más en el tiempo la adjudicación, que según el ministro de Economía, Luis de Guindos, se resolvería en un mes, fecha que ahora parece muy poco probable.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) marcó el 13 de diciembre como fecha límite para recibir las ofertas vinculantes por la entidad gallega nacionalizada. Sin embargo, no espera que haya propuestas antes de ese día. El organismo que dirige Antonio Carrascosa da por hecho que los fondos internacionales y los bancos españoles que han mostrado su interés por la entidad de José María Castellano consumirán hasta el final los plazos marcados.

Sin ofertas vinculantes, de momento

Carrascosa aseguró este jueves que, de momento, y aunque el plazo ya está abierto, no hay rastro de ofertas vinculantes por parte de los candidatos. La gran banca española interesada en Novagalicia ha pedido con insistencia en sus reuniones con el FROB que el organismo active ayudas públicas en forma de créditos fiscales (DTA) y esquemas de protección de activos (EPA) para proteger los ratios de solvencia actuales. Es en este punto donde un nuevo actor podría decantar la adjudicación de la firma gallega: Bruselas.

Ante la presión de la banca española y la posibilidad de eventuales ofertas que planteen ayudas públicas, el FROB ha programado en el calendario realizar las pertinentes consultas a la Unión Europea. El interlocutor, en este caso, será la Dirección General de la Competencia, que dirige Alexander Italianer, bajo la batuta del comisario europeo Joaquín Almunia.

Subasta en dos fases, y con consulta europea

La semana pasada, el FROB anunció que la subasta de NCG se desarrollaría en dos fases. Las ofertas vinculantes se presentarán antes del próximo 13 de diciembre. De no haber un proyecto que “resulte sustancialmente más favorable que el resto”, se abrirá una segunda fase con las tres mejores ofertas, a quienes el organismo de Carrascosa pedirá un planteamiento definitivo e incluso que, si lo desean, mejoren la apuesta.

Sin embargo, que Bruselas se convierta en la virtual encargada de decidir si las ayudas públicas tendrán cabida en la subasta de NCG podría dilatar aun más el proceso. Las entidades que participan en la carrera por la privatización daban por hecho, ya antes de conocerse la intervención de la Dirección General de la Competencia, que la subasta no concluiría hasta principios del año que viene, como mínimo.

En las primeras fases de la subasta, el fondo bancario parecía firme en la determinación de no activar ningún tipo de incentivos. No obstante, la semana pasada, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, aseguró que “no está nada descartado”.

La opinión europea

La gran banca que participa en la subasta (Caixabank, BBVA y Santander) justifican la activación de ayudas en base a la dudas que presenta el banco gallego. Les preocupa la cartera de créditos a empresas, el elevado índice de morosidad de la nacionalizada, y la falta de confianza de los clientes tras el escándalo de las preferentes.

El eventual rechazo por parte de Bruselas a las peticiones de ayudas públicas podría beneficiar a los fondos extranjeros interesados en Novagalicia, cuyo principal exponente es el americano Guggenheim, que cuenta con el aval de la dirección de la nacionalizada. Diversos medios aseguran que la Comisión Europea tiene claro que la privatización de NCG no puede traer aparejados más incentivos públicos. No después de los más de 9.000 millones de euros inyectados desde la fusión de las cajas hasta el rescate bancario.

Además, se espera que en breve, el Gobierno de luz verde a la nueva norma sobre créditos fiscales, que en el caso de NCG ascienden a 4.500 millones de euros, derivados de los resultados negativos registrados en 2012. De esta cantidad, la entidad tiene anotados en balance algo más de 2.000 millones.
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