La Fiscalía será “muy proactiva” en la investigación de las cajas

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reiteró este miércoles que la Fiscalía será “muy proactiva” en las actuaciones abiertas en relación con las cajas de ahorro, sin descartar la investigación de su gestión.

«Estamos abiertos a cualquier tipo de actividad», ha señalado al ser preguntado, coincidiendo con su presencia en A Coruña en una reunión con miembros de la Fiscalía Superior de Galicia, sobre si se habrá una investigación por esta gestión, una vez que se ha hecho en relación a las indemnizaciones percibidas por exdirectivos.

Torres-Dulce señaló que la Fiscalía será “muy proactiva” en estas investigaciones. “Ya lo estamos siendo”, añadió, aunque preció que se hará cuando “se puedieran desprender inicios de una actividad delictiva o de infracción de leyes de consumo”.

No obstante, abogó por ser “prudentes en cuanto al uso de la palabra y el ejercicio de las acciones porque también está en juego la estabilidad del sistema financiero”, apostilló.

Preferentes

Sobre las repercusiones de la sentencia dictada por un juzgado de Cambados, que obliga a indemnizar a uno de los afectados por las preferentes comercializadas por Novagalicia Banco, subrayó el hecho de que no se haya «dilatado en el tiempo» esta resolución judicial y ha mostrado su confianza en que «sirva de reflexión a todo el mundo».

Así, en declaraciones a los periodistas antes de clausurar un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha abogado por que las entidades financieras «con la ayuda del sector regulador» den respuesta a unas situaciones «muy perentorias de los ciudadanos».

Torres-Dulce ha avanzado también la intención de la Fiscalía de aprovechar para el resto de fiscalías de España la «experiencia procesal» de Galicia tras la demanda colectiva interpuesta en un juzgado de A Coruña por las preferentes de Novagalicia Banco.

Mientras, sobre la opción del arbitraje, ha indicado que la Fiscalía «respeta esta posibilidad», pero ha recordado que tiene que ser «autorizada por Bruselas y no afecta más allá del 10 o 15% de los afectados por preferentes», precisó.