La Fiscalía presentará esta semana la demanda colectiva por las preferentes

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El análisis de más de 1.700 contratos de afectados ha retrasado la redacción del texto, que será registrado en un juzgado de A Coruña

Carlos Varela, fiscal jefe de Galicia

02 de julio de 2012 (19:48 CET)

La Fiscalía Superior de Galicia matiza los últimos detalles para presentar, previsiblemente esta semana, la demanda civil colectiva por las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas colocadas por las antiguas cajas gallegas a unas 43.000 personas.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado que estos próximos días se registrará el documento en un juzgado de A Coruña y se dará cuenta públicamente del mismo. En la demanda se solicitará la nulidad de las cláusulas que sean consideradas abusivas.

Más de 1.700 contratos

La medida fue anunciada el pasado mes de mayo y en un principio estaba previsto que la demanda fuese presentada a finales de junio, pero debido a la cantidad de contratos aportados y a la complejidad del proceso se ha alargado unos días. La Fiscalía ha recibido 1.700 contratos y, tras su análisis, tiene ahora la documentación lista y el texto redactado, pendiente de los últimos detalles.

El pasado mes de febrero se dieron instrucciones a la Fiscalía de Pontevedra para que abriese diligencias informativas sobre el asunto y se ha decidido presentar una demanda colectiva, que se cursará por la vía civil, en nombre de 43.000 personas afectadas por las preferentes de Novagalicia Banco. El dinero atrapado en estos productos en esta entidad supera los 960 millones de euros.

Acción civil de consumo

Descartada la vía penal, la que empleará la Fiscalía en Galicia es mediante una acción civil de consumo, un mecanismo más ágil y amplio, puesto que, en caso de lograr una sentencia favorable, los perjudicados por las preferentes podrían ser amparados por ella, sin que hubiesen litigado activamente.

Para dejar sin efecto el contrato y acogerse a una sentencia favorable, en el momento en que ésta se ejecute, los afectados deberán demostrar que la entidad financiera no cumplió las condiciones que se le exigían de informar adecuadamente a los potenciales clientes de un producto de la complejidad de las participaciones preferentes.
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