La Fiscalía pide a NGB un depósito de 1.108 millones de euros en la demanda por las preferentes

La Fiscalía gallega ha puesto toda la carne en el asador con el tema de las preferentes. Tal y como anunció, presentó una demanda civil colectiva contra Novagalicia Banco por el conflicto generado por la colocación de emisiones de este tipo a pequeños ahorradores.

En ella se propone una acción de cesación “para poner fin a una práctica abusiva” que va acompañada de una acción de resarcimiento con la que se pretende la devolución de las cantidades invertidas. Pero, además, el ministerio público le solicita a NGB un depósito de 1.108 millones de euros.

En la demanda colectiva presentada, el Fiscal “para asegurar la efectividad de la tutela judicial de la sentencia estimatoria que pudiera dictarse”, solicita una serie de medidas cautelares. Entre ellas, se encuentra la de un depósito que sobrepasa los 1.100 millones de euros.

No hay número exacto de afectados

“Se considera que la intervención o depósito debe realizarse sobre una cantidad inderminada pues se desconoce el número exacto de afectados, así como las cantidades a las que puede ascender la actividad de colocación de participaciones preferentes”, indica la Fiscalía que, por tanto, efectúa una operación derivada de los datos de los que dispone.

La Fiscalía basa su denuncia en el caso de unas 1.700 personas con preferentes en NGB, que suman un total de 44.700.000 euros de activo en total, “dando lugar a una media de 27.719 euros por inversor. “Si se asume que las personas afectadas podrían ser sobre 40.000, el resultado sería de 1.108.760.000 euros”, remata la demanda.

Sin problemas para el depósito

A pesar de lo llamativo de la cifra, desde Novagalicia Banco no se asustan. Fuentes no oficiales de la entidad indican que no habrá problema para poder aportar esa cantidad, si fuese necesario, ya que cuenta con activos suficientes. Esas mismas fuentes indican que desde NGB esperan poder dar una salida definitivamente al conflicto de las preferentes que se gestó en el tiempo de Caixa Galicia y Caixanova pero que minó considerablemente su imagen pública.

Hasta el momento, al no haberse tocado la vía judicial, cualquier movimiento que pretendiese el banco o las instituciones políticas debía pasar por Bruselas, debido a la condición de entidad intervenida por el Frob.

En la presentación a los medios de las bases de la demanda colectiva, el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, quiso indicar que la entidad “se había mostrado muy colaboradora” en cuanto a facilitar todo el material requerido por la Fiscalía.

Emisiones de 2003, 2005 y 2009

En la demanda, la Fiscalía enjuicia las emisiones de preferentes que las antiguas cajas de los años 2003, 2005 y 2009. Sostiene que “en ejecución de la idea de incrementar los recursos propios transformando el pasivo en patrimonio neto, se siguió por parte de las demandadas una política agresiva de colocación entre minoristas que, en muchos casos, ya eran clientes. Esta actuación, al margen de su calificación jurídica, ha sido estimada por un sector como doctrina ‘depredatoria”.

Según la demanda “en la inmensa mayoría de los contratos celebrados –que se estiman en unos 43.000– se indujo a contratar sobre la creencia, por parte del cliente de que lo que estaban celebrando era un depósito a plazo”.

Adherirse a la demanda

La Fiscalía ha basado su denuncia en 1.700 casos, sin embargo dice que el número de afectados no se puede determinar. Explica que de continuar el proceso adelante, “le seguiría un período de pruebas testificales y documentales, que culminarían en una sentencia con la que se dará a conocer los perfiles de los consumidores que podrán ser beneficiados, uniéndose a la demanda”.

El Fiscal jefe gallego, Carlos Varela, informó de que en otras comunidades en cuya sede se encuentran entidades con los mismos problemas, las distintas fiscalías comenzarán medidas similares tomando como modelo la presentada en Galicia.