La demanda incluye los casos más llamativos de afectados

Para la elaboración de la demanda colectiva de la Fiscalía Superior de Galicia contra la comercialización “abusiva” de las emisiones preferentes por parte de lo que es hoy Novagalicia Banco se tuvieron en cuenta los contratos de cerca de 1.700 personas. En la demanda presentada se hace referencia a algunos de esos casos.

Así, por ejemplo, destaca el caso de una mujer de 75 años, pensionista, y con una madre de 102 años a su cargo, que adquirió participaciones preferentes por valor de más de 30.000 euros en 2003. “A esta persona, que no consta que fuera conocedora de este tipo de productos, ni que tuviera experiencia de ningún tipo de adquisición de productos complejos (ha sido empleada del hogar), se le permitió la celebración de este tipo de contraro sin ningún tipo de información, y valoración de la conveniencia del mismo”, apunta el Ministerio público.

La Fiscalía expone varios casos con los que trata de explicar que se comercialización emisiones preferentes a clientes que no pasarían ningún tipo de test de conocimiento sobre ellos, unos cuestionarios que se hicieron obligatorios en 2009.

Test de conveniencia

“Caso claro de falta de información suficiente, precisa, clara y comprensible se produce en el supuesto de dos hermanas, de 75 y 79 años respectivamente, las cuales firmaron en 2009 la adquisición de preferentes por valor de 15.000 y 21.000 euros, y a las que no consta que se les efectuase el test de conveniencia, ni que este o cualquier otro tipo de sistema de evaluación permitan entender que a las mismas les resulta conveniente este tipo de productos”, describe la demanda. “En este caso en la documentación, la entidad demandada señala que el cliente reconoce que es ‘el único responsable de asegurarse de que comprende los riesgos asociados a sus inversores en instrumentos financieros”.

Entre otros muchos casos expuestos también destaca el que una menor de edad. “Sus padres invirtieron a su favor, 18.000 y 2.800 euros, en participaciones preferentes en los años 2005 y 2007, convencidos, por la información que se les suministraba, de que el producto era de total confianza, sin riesgos y con una remuneración adecuada. No pudieron percatarse, por falta de información, de los riesgos que pesaban sobre estos activos”, indica la demanda.

Más afectados en Pontevedra

De los 1.613 casos estudiados y que figuran como reclamantes en la demanda, el 59% son vecinos de la provincia de Pontevedra, el 25% de la provincia de A Coruña; el 8% de Lugo e igual porcentaje para Ourense.

Los datos de esta muestra de afectados vienen a corroborar la creencia extendida de que el mayor número de afectados conocidos se encuentra concentrado en la provincia de Pontevedra. El fiscal jefe, Carlos Varela, reconoció ayer que por los datos que manejaban apoyaban esa idea de la zona sur y que tambián hubo “unos pocos más casos” en la entidad Caixanova, que estuvo presidida por Julio Fernández Gayoso.