La demanda civil de la Fiscalía por las preferentes se atasca

En el ámbito de la abogacía coruñesa hacía varias semanas que se especulaba con la posibilidad de que la demanda civil que la Fiscalía Superior de Galicia pretendía articular contra Novagalicia Banco por las preferentes no se llevaría a cabo. Por lo menos, no en los términos en los que deseaba el Ministerio Fiscal. Así resultó ser.

Las sospechas se confirmaron este jueves cuando la Fiscalía gallega informó de que presentará un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña que “inadmite su petición de nulidad de los contratos de las participaciones preferentes así como el resarcimiento de los perjudicados”.

Lo que sí se admite a trámite es el apartado en la demanda sobre la cesación de las posibles prácticas abusivas en los contratos de comercialización. Además, se fija para el 20 de diciembre la celebración del juicio.

Modelo para otras fiscalías

A principios del mes de julio, la Fiscalía Superior de Galicia presentó una demanda civil colectiva contra NCG Banco por la colocación de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Según explicó el propio fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, esta actuación serviría “como modelo para las fiscalías de otras comunidades autónomas con problemas similares”.

La demanda presentada tenía dos fines claros: uno era el cesamiento de la práctica y otra el “resarcimiento y la devolución de lo invertido” en aquellos casos en los que se pudiese demostrar que, efectivamente, existió un abuso por parte de la entidad que colocó estos productos complejos sin el adecuado conocimiento de los mismos de sus clientes.

Inadmisión

No obstante, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña sostiene que el Ministerio Fiscal “carece de capacidad procesal para el ejercicio como demandante de cualquier otra acción colectiva distinta” que no sea la de la acción de cesación. De este modo, se desbarata el pilar más importante sobre el que se asentaba la demanda de la Fiscalía gallega y que buscaba la nulidad de los contratos.

De hecho, muchos afectados mantenían la esperanza en este procedimiento judicial ya que de esta forma podrían recuperar la inversión inicial hecha y no tener que enfrentarse a la quita que prevé aplicar Bruselas a los tenedores de estos productos.

Analizar caso por caso

El juzgado coruñés sostiene que para declarar la nulidad de los contratos sería necesario analizar “caso por caso”. “La acción del Ministerio Fiscal no produciría economía procesal, ya que cabría la posibilidad de que se tuviese que examinar y resolver en este juzgado individualmente sobre 43.000 contratos, con el colapso que ello supondría y la dilación temporal”, indica el auto, que además precisa que “esto no evitaría el examen individualizado de cada contrato” además del hecho de que no en todos los casos “se pudiese determinar la existencia de una práctica abusiva”.

Plataformas de afectados

La noticia fue acogida con gran desánimo entre las plataformas de afectados, que cargaron contra el auto del juzgado coruñés. “Ya nos temíamos que pasaría algo de esto. ¿Cómo pueden decir que no es posible analizar caso por caso? No sé lo que ocurrirá cuando se acabe la vía del arbitraje”, indicó una de las representantes de la plataforma de afectados de Vigo-Val Miñor.

Dudas

Sea como fuere, lo cierto es que la demanda civil de la Fiscalía siempre despertó dudas entre parte de los abogados gallegos. “Es una iniciativa muy loable pero lo cierto es que, con esa demanda civil lo que se puede conseguir es que se le reintegre lo invertido a los casos más graves, aquellos donde es obvio que existió engaño. Sin embargo, actualmente, para ese colectivo ya está en funcionamiento el sistema del arbitraje”, indica un abogado coruñés.