La contratación de funcionarios para arbitrar preferentes enfrenta a Xunta y sindicatos

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Las centrales quieren una comisión de valoración para designar a los empleados públicos, que cobrarán un plus de 20 euros por laudo

Manifestación de afectados por las participaciones preferentes de NGB en Galicia

01 de agosto de 2012 (19:58 CET)

Hace dos semanas que Novagalicia Banco ofreció a los afectados por las preferentes una salida, que había sido autorizada por Bruselas. Por medio del arbitraje sería posible resolver de forma “rápida” los casos más extremos de afectados por la contratación de preferentes. La Xunta, de acuerdo con la iniciativa, es la encargada de llevar a cabo los laudos arbitrales en el Instituto Galego de Consumo. Sin embargo, está justa de árbitros, por lo que ha decidido ir a buscarlos entre sus propios funcionarios.

La semana pasada, la Consellería de Economía indicó que había registrado un incremento de solicitudes de arbitraje de hasta un 33,5% desde que el día 20 se dio a conocer la posibilidad de acudir al arbitraje para poder recuperar la práctica totalidad de lo invertido en preferentes. La semana pasada, el Instituto Galego de Consumo ya contaba con más de 3.000 peticiones recibidas.

Tal y como avanzó la edición gallega de El País, esta situación hizo que la Xunta decidiese reforzar Consumo con la presencia de más árbitros que vendrán del propio cuerpo de funcionarios de la Administración gallega. La Xunta no solo decidirá quienes serán los nuevos árbitros si no que les dará un plus de 20 euros por laudo --después de los cinco primeros--.

"Errores" en el arbitraje

Esta situación ha creado un enfrentamiento entre sindicatos y Administración, ya que las centrales defienden que se debe premiar la calidad del trabajo, no la cantidad. Temen, que primar el mayor número de laudos posible derive en un mal arbitraje.

“Los funcionarios pueden pedir de forma voluntaria ser árbitros, siempre cumpliendo unos requisitos como ser licenciados en Derecho, pero luego serán escogidos a dedo. Tememos que ante esta situación los laudos arbitrales discurran por los derroteros que quiera la Xunta”, indica Fernando García, representante del CIG-Administración.

Casos complicados

Desde el CSIF, José Francisco Sánchez Brunete opina que “por lo que explican los profesionales del Instituto de Consumo, hay laudos muchos más complicados que otros, por lo que no se resuelven en un momento. Creemos que estas primas a la cantidad y no a la calidad son muy negativas en un tema tan delicado como este”. Y es que cabe recordar, que una vez que el tenedor de preferentes haya pedido un laudo, y este se haya dictado, no tendrá posibilidad de recurrir su dictamen ni de volver a denunciar por vía judicial.

Por este motivo, todos los sindicatos con representación en la Administración gallega, CCOO, UGT, CIG y CSIF, exigieron este miércoles a la Xunta, en el marco de la mesa de Función Pública, que establezca una comisión de valoración para designar a funcionarios como árbitros.

Listas temporales

Además, los sindicatos reivindican igualmente que se busque a los árbitros de entre el personal que está en las listas temporales de contratación de la Xunta, ya que esto servirá “para dar trabajo, aunque sea temporal, al que no lo tiene”.
Será el próximo viernes cuando se celebre otro encuentro de la comisión de personal en el que se dará luz verde a la forma en la que aumentar el personal necesario para tramitar los laudos.

Plataformas de afectados

Mientras la Xunta guarda silencio sobre las críticas sindicales, las plataformas de afectados por la contratación de preferentes restan importancia a la función del árbitro en el proceso. “El que va a los laudos ya ha hablado antes con el banco, y no va para decir que no al arbitraje”, indica una de las portavoces de la plataforma de O Morrazo.

“Lo que ocurre es que la solución de las preferentes puede ser peor, porque la gente a la que no la están llamando está muy enfadada, se pregunta por qué uno no puede acceder al arbitraje y el de al lado sí, por lo que cuando dentro de unos meses acabe esta vía, las protestas serán peores”, indican.

En teoría, el sistema del arbitraje de Consumo es el más ventajoso para aquellas personas que puedan demostrar fácilmente que existió o bien desconocimiento o bien engaño a la hora de adquirir un producto complejo como el de las preferentes. 
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