La CIG estudia presentarse como acusación particular en el proceso de las indemnizaciones

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BNG y PSOE aplauden la querella y piden que se depuren responsabilidades políticas

25 de junio de 2012 (22:45 CET)

La querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra Julio Fernández Gayoso y cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia suscitó este lunes gran número de reacciones, por parte, sobre todo, de los sindicatos y los grupos que conforman la oposición a la Xunta. Sindicatos y partidos piden que además de las responsabilidades ante la justicia que se puedan derivar de la investigación se tengan en cuenta “responsabilidades políticas”.

El sindicato CIG fue el que en a finales del año pasado denunció ante la Fiscalía General del Estado estas indemnizaciones, que luego comenzó a investigar la Fiscalía Anticorrupción. Clodomiro Montero, el representante de CIG- Banca asegura que aunque la querella es de su agrado también denunciaron la supuesta valoración a la baja de Novacaixagalicia que a su entender había hecho el Banco de España. “Es por eso que no descartamos personarnos como acusación particular si se abre el proceso”, explica Montero.

BNG


Por otro lado, entienden que ante la querella, Fernández Gayoso debería dimitir de su puesto dentro de Novacaixagalicia.

Mientras, desde el terreno político, el BNG, por boca de Francisco Jorquera ha manifestado que es necesario que se tengan en cuenta las “responsabilidades políticas”. “El PP reformó la Ley de Cajas con el apoyo del PSOE para garantizar la continuidad los máximos órganos de dirección en su cargo, es decir, de la asamblea y el consejo de administración”, declaró.

PSOE

Por su parte, el secretario de Organización del PsdeG, Pablo García, celebró “cualquier iniciativa que permita conocer la verdad de lo ocurrido durante los últimos años y durante la fusión”.

“Lamentamos que el señor Feijóo sea el principal obstáculo para que aflore esa verdad”, subrayó García, quien señaló que este martes “habrá una nueva oportunidad para que el presidente gallego rectifique y permita abrir una comisión de investigación en el Parlamento autonómico”.
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