Guerra abierta en la patronal por facturas sin pagar del Igape

O bien nunca hubo una tregua o bien se rompió definitivamente la pasada semana. La reunión del comité ejecutivo de la patronal celebrada en Vigo volvió a evidenciar notables diferencias entre la directiva que capitanea José Manuel Fernández Alvariño y los apoyos que mantiene o va reuniendo su predecesor en el cargo, Antonio Fontenla. La disputa se centra ahora en 300.000 euros en facturas sin pagar que debería cubrir el Igape como parte del convenio suscrito para financiar la red de centros en el exterior, la red Pexga. El organismo público, sin embargo, rechazó hasta en dos ocasiones costearlas por lo que ese agujero de 300.000 euros, resultado de un programa que se articulaba en base al dinero público, computa como deuda en las cuentas de la patronal.

Fontenla expresó en el comité ejecutivo la necesidad de reclamar la cuantía, si es necesario, iniciando un contencioso contra la Administración. Esta opción quedó desechada, principalmente, porque el vicepresidente de la CEG suma menos apoyos que Alvariño, que se posicionó en contra. La respuesta del presidente de la patronal coruñesa, que sigue pugnando para que se abra la vía judicial, no se hizo esperar. Apenas dos días después, solicitó por carta abundante documentación sobre la auditoría interna de la CEG, uno de los compromisos adquiridos por Alvariño en las elecciones que lo llevaron a la presidencia, y sobre las respuestas del Igape, ambas negativas, a los dos recursos que presentó antes de ceder la corona de la patronal.

Todos los informes

Entre los informes solicitados con “urgencia” por Fontenla, en una misiva firmada por él “en calidad de vicepresidente de la CEG» –todos los presidentes de la provinciales son por estatutos vicepresidentes de la patronal– y en representación de “varios vocales”, están las auditorías de los ejercicios 2011 y 2012 y el borrador del ejercicio 2013, los recursos de reposición presentados ante el Igape y la respuesta del organismo dirigido por Javier Aguilera, los informes emitidos por bufetes y asesorías jurídicas al respecto, la prórroga de los presupuestos para el presente ejercicio e información sobre la situación actual de la red Pexga.

Los papeles que reclaman en la patronal coruñesa parecen destinados a rebatir los argumentos de Alvariño. Según adelantó Expansión la semana pasada, la nueva directiva declina mantener el pulso con el Igape porque tiene dudas sobre la veracidad de las cuentas dejadas por Fontenla, que presentó un balance con 700.000 euros de superávit. En ese lado de la balanza también pesa la vocación de Alvariño por dar una imagen de unidad y apartar los problemas internos en un momento de dificultad para los empresarios por la crisis económica. Por no hablar de la negociación del nuevo convenio para la red Pexga que debe cerrarse antes de marzo y en el que el Igape, descontento con la gestión y los resultados de las plataformas exteriores, aplicará un severo recorte.

¿Y el Igape?

Fontenla, informan fuentes próximas al vicepresidente de la CEG, actúa bajo el convencimiento de que las facturas impagadas se justificaron oportunamente ante el organismo competente, el Igape, y dentro de los criterios establecidos en el convenio de la Pexga. Economía Digital se puso en contacto con la Consellería de Economía el 7 de enero para conocer las razones por las que se devolvieron las facturas. El departamento del que depende el Igape aseguró que no le constaba dicha devolución. Este medio volvió a pedir información el lunes sin obtener respuesta.

La situación actual perjudica a Alvariño. Quiere a toda costa evitar problemas internos y centrarse en cuadrar, con retraso, la reforma de la patronal que le exigen las provinciales que lo apoyaron en su ascenso a la presidencia. Pero podría perjudicar también a Fontenla, el presidente que gestionó la red exterior y que dejó, sobre el papel, unas cuentas saneadas en la CEG.