Gayoso aceleró el blindaje de los directivos ante la quiebra de Novacaixagalicia

«Fernández Gayoso, en su condición de copresidente de la nueva entidad, aceleró todo lo que pudo el proceso de celebración y aprobación por los órganos directivos correspondientes de los nuevos contratos de alta dirección no explicitando suficientemente la situación de la entidad, ni la realidad de lo que significaban patrimonialmente los nuevos contratos de 2010». Así de contundente es la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los ex directivos de Novacaixagalicia, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán a dos años de prisión e inhabilitación profesional, además de a devolver las millonarias indemnizaciones recibidas cuando desistieron de sus contratos en la entidad.

La misma condena, que incluye una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros, recae sobre Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Planas, como figuras imprescindibles para «urdir un plan para que los directivos (…) salieran beneficiados» económicamente de su más que previsible salida de Novacaixagalicia, una vez que se agotasen las ayudas públicas que estaban sosteniendo la entidad.

Gayoso mintió

La modificación de los contratos de alta dirección, que ya tenían los acusados a excepción de Javier García de Paredes –se redactó uno nuevo para equipararlo al del resto de directivos–, sirvió casi exclusivamente para blindar la salida de la entidad de los altos cargos, estableciendo las condiciones de prejubilazión y desestimiento de su cargo, que podía ser voluntaria si se producía una «modificación sustancial» de las condiciones de trabajo. Algo no tan extraño en el periplo que atravesaban las cajas fusionads, al borde de la quiebra y pendientes de devolver al FROB los 1.162 millones de dinero público que puso para facilitar la fusión.

Para aprobar las nuevas remuneraciones, Gayoso no sólo fue poco concreto a la hora de explicar el impacto que tenían las indemnizaciones en la delicada tesorería de Novacaixagalicia, sino que incluso mintió. La sentencia lo acusa de transmitir al consejo que los nuevos contratos eran conocidos por el Banco de España, «cuando no era así, el Banco de España los conoció casi un año después». El copresidente de Novacaixagalica convocaba la reunión de la Comisión de Retribuciones y era el abogado Ricardo Planas quien explicaba los detalles de los contratos y garantizaba que eran conformes a la normativa.

El impacto de los pagos

La mejora de las condiciones de los altos cargos implicó que pudiesen disfrutar del salario hasta la fecha de jubilación también en caso de desistimiento justificado, cuando se producía por modificación de las condiciones laborales especificadas en su contrato. La cuantía se podía capitalizar anticipadamente en este supuesto. De ello resultaron las indemnizaciones de 7,7 millones para José Luis Pego, de 4,8 millones para Gorriarán, de 5,7 millones para García de Paredes y de 691.000 euros para Rodríguez Estrada.

El impacto en el patrimonio de Novacaixagalicia era notable, pues en aquel momento estaba valorada en 181 millones, según el informe remitido por la propia entidad al FROB. De esta manera, las indemnizacones, sumadas a una provisión de 11 millones de euros por beneficios sociales para los directivos, equivalían a un 16,5% del valor de la entidad.