Encrucijada de los bancos españoles en Portugal

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Mientras el BBVA baraja la salida, Santander, CaixaBank y Sabadell intentan aprovechar la tenue mejoría tras superar el rescate

Francisco González, Emilio Botín, Isidro Fainé y Josep Oliu

26 de mayo de 2014 (00:00 CET)

El BBVA está valorando su salida de Portugal, coincidiendo con el fin oficial del rescate de casi 80.000 millones que hace tres años el país ibérico se vio obligado a pedir para sanear sus finanzas. Nunca, en sus más de dos décadas de presencia, acabó de consolidar su peso, manteniendo simplemente una unidad de negocio, sin autonomía alguna y dependiente financieramente de la matriz en España, con lo que la venta de este negocio no supondría un excesivo desajuste.

Negocio residual

Como desde el banco presidido por Francisco González suelen reiterar, se trata de un negocio residual, el que le da un patrimonio de apenas 400 millones de euros y un valor en libros de poco más de 200 millones, el precio a partir del cual tiene Nomura, el intermediario elegido, para ofrecer esta unidad a los inversores.

La sociedad BBVA Portugal aporta tan solo el 0,91% de los activos consolidados totales, con 5.600 millones de euros (incluyendo los 100 millones de valor que aportan inmobiliarias, gestoras de pensiones, fondos de pensión o leasing), y 5.200 millones de pasivo, el 0,56% del total, y su presencia, con el constante cierre de sucursales registrado en los últimos años, prácticamente se ha reducido a la mitad desde las casi 150 oficinas que llegó a tener a principios del presente siglo.

Quebranto inmobiliario

Presencia progresivamente reducida por la caída del negocio y unas cuentas que, en los últimos años, especialmente por el quebranto de la financiación inmobiliaria y la necesidad de permanentes inyecciones de capital, se saldaron en 2013 con unas pérdidas de 357 millones de euros, el doble de las que se habían dado en los dos ejercicios precedentes.

El punto y final que quiere poner el BBVA en Portugal contrasta con la situación de otros bancos españoles, como Santander o CaixaBank. “Para nosotros es el mejor banco de Portugal y vamos a seguir”, suele responder Juan María Nin, consejero delegado de la entidad catalana, cada vez que le preguntan sobre ese 46,22% que ostenta en Banco BPI. Especialmente ahora que, como le ocurre también a Santander Totta –la filial del Santander–, han empezado a dar beneficios tras años de fuertes descalabros.

BPI y Totta

BPI, que venía de años duros por la fuerte exposición que tenía a la deuda griega, especialmente en 2011, obtuvo en 2013 unas ganancias de 67 millones de euros, resultado, no obstante, condicionado, no tanto por la mejora de la actividad, como por el préstamo que el Estado portugués otorgó para su capitalización. BPI cuenta con un patrimonio neto de 845 millones y un valor de mercado de 1.200 millones de euros.

En el caso del Santander Totta, aunque los beneficios de 2013 superaron ligeramente los 100 millones de euros lo hicieron con un retroceso significativo del 60% respecto a los obtenidos el año anterior. Y ha comenzado el presente ejercicio con un buen tono, con ganancias de 36 millones, un 68% más gracias al aumento del 10% en el margen de intereses por la mejora en el coste de financiación y a las reducciones de costes y dotaciones.

Excesiva carga financiera


Al BCP, el mayor banco privado de Portugal y participado por el Sabadell, no le podía ir peor después de cosechar en 2012 las mayores pérdidas de su historia, con unos números rojos de 1.219 millones de euros. La reducción en un 42% de las pérdidas, hasta 740 millones, podría haber sido mayor de no ser por la excesiva carga que supuso el pago de los intereses de la ayuda financiera solicitada al Estado, así como a un refuerzo de fondos por la degradación de la cartera de crédito, a las provisiones y al coste del plan de jubilaciones anticipadas.

De cara al futuro más inmediato, los bancos españoles seguirán teniendo en su exposición a la deuda pública portuguesa uno de los asuntos más espinosos. Deuda que no deja de aumentar con las nuevas emisiones, ya cercana al 130% del PIB, y aproximadamente la mitad, unos 55.000 millones, está en manos de las entidades financieras españolas.
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