En la imagen, Ángel Ron, durante la presentación de los resultados de la entidad en 2016. EFE/Emilio Naranjo

El Popular ocultó pérdidas desde tres años antes de comprar el Pastor

Un informe de Pimco y otros tres fondos de inversión concluye que el Popular declaraba beneficios cuando acumulaba miles de millones en pérdidas desde 2008

En 2008, Banco Popular declaraba a cierre de ejercicio 1.111 millones de beneficio, cuando en realidad acumulaba números rojos por valor de 960 millones. Esa es la conclusión a la que llega un informe de Pimco y otros fondos como Anchorage, Algebris y Cairn Capital incorporado a la causa penal y elaborado por las consultoras FTI Consulting y Forensic. Según el documento, diversas irregularidades contables en la clasificación de los créditos dudosos, en la valoración de los inventarios y los activos inmobiliarios llevaron al banco a ocultar números rojos desde el año 2008, tres cursos antes de que hiciera su oferta para comprar Banco Pastor.

El estudio sostiene que en los informes de seguimiento emitidos por el Banco de España y comunicados a la Comisión Ejecutiva de Popular se detectaron déficits recurrentes de provisiones que provocaba que los fondos propios se encontraran sobrevalorados desde aquel año. En concreto, en 2008 tendría que haber dotado 2.071 millones más en provisiones.

En el curso siguiente, en 2009, los peritos estiman que las pérdidas del Popular ascendieron a 1.490 millones, frente a los 780 millones de beneficio declarados, pues había un déficit de provisiones de 2.270 millones en base a los informes de los supervisores.

En 2014, por ejemplo, presentó un beneficio de 330 millones de euros, aunque las irregularidades le habrían colocado en pérdidas de 3.194 millones de euros.

Las irregularidades contables

Entre estas irregularidades, se mencionan algunas como la incorrecta clasificación recurrente de los créditos normales, dudosos y subestándar desde 2008, que infraestimaba el riesgo de crédito e infravaloraba la tasa de morosidad. Al mismo tiempo, se apunta a la clasificación errónea de las operaciones refinanciadas reflejadas en los estados financieros de 2011 a 2013, así como a incoherencias en el apunte y valoración de los activos inmobiliarios.

En este último caso, el documento indica que Popular tenía registrados inventarios duplicados o que apuntaba como garantía viviendas cuando en realidad se trataba de suelo o promoción inmobiliaria, lo que suponía una menor asunción al riesgo y, por tanto, la necesidad de dotar por un importe inferior.

La directiva del Popular conocía las irregularidades

El dictamen pericial, de 220 páginas, asegura que todas las conclusiones de los informes emitidos por la inspección del Banco de España eran comunicadas a la Comisión Ejecutiva de Popular, por lo que tenían conocimiento "puntual y detallado" de todas las irregularidades.

"A la luz de las graves irregularidades contables, podemos concluir que el mencionado déficit de provisiones no puede explicarse simplemente por una diferencia de opinión subjetiva a la hora de determinar el correcto nivel de provisión (...), sino que proporcionan pruebas contundentes de que los estados financieros presentados al mercado y a los inversores se encontraban sustancialmente distorsionados", dice el documento.

Incumplimiento de los requerimientos de capital

El informe considera que Popular habría incumplido con los requerimientos de capital exigidos a las entidades de crédito en caso de haber corregido todas las irregularidades en sus estados financieros, fundamentalmente a partir de 2011, cuando se volvieron "múltiples, recurrentes y persistentes". "La aplicación de los ajustes hubiera supuesto un deterioro notable de la ratio de solvencia", subraya.

Según un cuadro en el que se expone el efecto de los déficits de provisiones y la falta de consolidación de las irregularidades identificadas por el Banco de España y el BCE, la ratio de capital Tier 1 --que mide la solvencia--, se habría visto reducida desde el 9,9% publicada en 2011, hasta el 7,1%. En 2014, su efecto hubiera sido mayor: del 11,5% comunicado formalmente, hasta el 7,1% según el importe de los ajustes requeridos por los supervisores.

En definitiva, el efecto combinado de estas deficiencias implicó que los estados financieros de Banco Popular no reflejaran su imagen fiel. Todo esto, además, contaminaría la documentación relativa a la ampliación de capital de 2016, según los fondos.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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