El Gobierno veta en el Congreso la ley gallega sobre las preferentes

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El Ministerio de Economía alega que de no haber paralizado la tramitación de la proposición de ley, adoptada por unanimidad en el Parlamento gallego, se habría incrementado el rescate bancario en casi 10.000 millones

Frente del Congreso de los Diputados.

A Coruña, 13 de febrero de 2017 (18:47 CET)

Veto a Galicia. El Gobierno ha tumbado la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley aprobada en marzo de 2014 por unanimidad en el Parlamento gallego para que los inversores minoristas en participaciones preferentes de entidades bancarias rescatadas por el Estado puedan recuperar íntegramente su dinero. La iniciativa gallega, promovida inicialmente por el BNG, propone modificar una de las leyes de la reestructuración bancaria, con la que en 2012 se fijaron los procedimientos para resarcir a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.

Dicha normativa se regía por el principio de reparto de cargas, aunque salvaguardando en gran medida los intereses de los pequeños inversores sin experiencia que habían sido víctimas de una comercialización engañosa de ese tipo de productos complejos. Pese a esas cautelas, una parte de los preferentistas acabaron asumiendo pérdidas en sus inversiones, algo que la propuesta gallega trata de evitar reclamando que se exima de cualquier tipo de pérdida a los ahorradores.

Veto a la tramitación

Pese a que esta proposición de ley contó en su día con el respaldo de los 'populares' gallegos, el Consejo de Ministros decidió el pasado viernes vetar su tramitación parlamentaria en el Congreso, tal y como consta en el escrito de disconformidad que ya ha sido registrado. En dicho texto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy alega que entre el 75% y el 80% de los tenedores minoristas recuperó la totalidad de su inversión a través de los arbitrajes, sentencias judiciales y medidas de liquidez puestas en marcha durante la pasada legislatura.

Sin embargo, reconoce que el 20% o 25% restante sí tuvo que asumir "recortes en su inversión original", y afirma que de no haberse procedido de este modo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) habría tenido que invertir más de 13.640 millones de euros adicionales al sector financiero, de los que 9.760 millones de euros corresponderían a las pérdidas soportadas por inversores minoristas.

Así, si se tramitara esta proposición de ley y se aceptara devolver íntegramente todas las inversiones a pequeños ahorradores se acabaría impactando en los recursos públicos "vía participación en BFA y activación de garantías concedidas en desinversiones previas", lo que afectaría a las cuentas del FROB que, a la postre, se integran en el Presupuesto General del Estado, causando un "aumento del déficit público", dice el Gobierno.
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