El Gobierno modifica el IPC para camuflar los precios descontrolados

El Consejo de Ministros excluye los precios públicos y los vincula a sus costes para evitar el aumento de los precios

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El Gobierno refuerza con un real decreto la ley de desindexación (vigente desde 2015) para prevenir la subida general de precios. El Consejo de Ministros ha desvinculado valores como las rentas y las tasas del índice de precios al consumo (IPC). A partir de su aplicación, sólo se valorarán los cambios que modifiquen los costes específicos de estos productos y servicios.

El Ejecutivo apunta que la meta es evitar una «segunda ronda de inflación». El actual sistema suponía  el encarecimiento automático de los precios. Prueba de ello, es la tasa interanual de enero que llegó hasta el 3% debido a la subida de la luz. Según ha añadido el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, la nueva norma –que no tendrá carácter retroactivo- supone ganar competitividad al mismo tiempo que impide que la economía se convierta en «causa y consecuencia».

Nuevo índice para contratos y alquileres

La ley no afectará a las pensiones, a las emisiones de deuda pública ni a la negociación salarial . No obstante, sí tendrá consecuencias en los precios de concesiones administrativas como autopistas o medicamentos. Por último, el real decreto contempla excepciones que afectan a los productos energéticos. Contratos y alquileres públicos pasarán a tener su propio índice.

Las excepciones afectarán a la electricidad, el gas y el precio del butano –que está ligado a la materia prima–, a determinados contratos públicos –como obras y concesiones– y a los de arrendamiento firmados con las administraciones.

 

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